La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mantiene cientos de miles de expedientes sin resolver relacionados con la devolución del impuesto sobre la renta (IRPF) a pensionistas que cotizaron en antiguas mutualidades laborales. En concreto casi un millón de solicitudes se encuentran todavía en una situación administrativa incierta, pese a haber sido presentadas por contribuyentes que esperan la regularización de pagos realizados en exceso.

La cuestión ha salido a la luz tras una petición formal cursada a través del Portal de Transparencia, posteriormente respaldada por el citado órgano supervisor. El requerimiento solicitaba a la Agencia Tributaria que detallara cuántos pensionistas habían solicitado la devolución, cuántos habían recibido el pago y cuántos, pese a tener el derecho reconocido, seguían pendientes de ingreso.

En su respuesta oficial, emitida en marzo de 2026, la Administración tributaria confirma que hasta el 25 de febrero de 2026 se habían presentado 2.405.992 solicitudes de devolución. De ese total, el organismo afirma haber tramitado expedientes correspondientes a 2.288.524 contribuyentes, mientras que 1.502.455 han recibido algún pago derivado del proceso de regularización fiscal.

La cuantía media ingresada por cada beneficiario asciende a 1.935 euros, según los datos aportados por la propia Agencia Tributaria. Con estas cifras, el volumen total desembolsado por el Estado alcanza 2.907 millones de euros, lo que sitúa este procedimiento entre las regularizaciones fiscales de mayor impacto económico en el ámbito tributario reciente.

No obstante, la información facilitada por la Administración no aclara la situación final de 786.069 solicitudes que, aun habiendo sido tramitadas, no figuran entre las que han recibido pagos. Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan a que una parte de estos expedientes podría corresponder a denegaciones motivadas por incumplimiento de requisitos o por la inexistencia de cantidades a devolver tras la regularización del IRPF.

Según estas mismas fuentes, la notificación de los casos rechazados no se ha realizado todavía de forma sistemática y se comunicará en fases posteriores, previsiblemente mediante un apartado específico habilitado en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. La Administración argumenta que detallar el estado individualizado de todos los expedientes presenta dificultades técnicas, ya que determinados datos “no están parametrizados informáticamente para su explotación”, tal como recoge la resolución remitida al Consejo de Transparencia.

El proceso de devoluciones tiene su origen en las cotizaciones realizadas durante décadas por trabajadores a mutualidades laborales, que posteriormente fueron integradas en el sistema público. Diversas resoluciones judiciales y ajustes normativos reconocieron que una parte de esas aportaciones había generado una tributación excesiva en el IRPF de los pensionistas, lo que obligó a habilitar mecanismos para su compensación.

El número de solicitudes experimentó un incremento significativo durante el verano de 2025 tras la aprobación de la Ley 5/2025, que modificó el calendario inicialmente previsto para la tramitación de estas devoluciones. En un primer momento, el Gobierno había planteado un sistema escalonado que permitía solicitar las cantidades correspondientes a distintos ejercicios entre 2025 y 2028.

La reforma legislativa suprimió ese calendario progresivo y autorizó a los afectados a reclamar todos los ejercicios pendientes mediante un único formulario. Este cambio normativo generó un volumen masivo de más de dos millones de solicitudes, lo que incrementó la carga administrativa del organismo tributario.

La Agencia Tributaria se había comprometido públicamente a completar el proceso de devolución antes del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, los datos actuales indican que el procedimiento sigue abierto y que un número significativo de mutualistas continúa pendiente de conocer la resolución definitiva de sus expedientes.