Los pensionistas que se habían hecho ilusiones con la nueva subida de las pensiones anunciada por el Gobierno apenas verán la mitad de lo prometido, ya que el Gobierno se niega a deflactar la inflación, es decir, a equiparar las retenciones de Hacienda con lo que se paga con la subida de los precios. Además, si la subida implicase situarnos en un tramo superior de ingresos, el tipo aplicado a esa cantidad que excede sería superior.
Según el Ministerio de Inclusión, la nueva revalorización de las pensiones, del 2,7% para este año, supone aproximadamente 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentan en cerca de 500 euros anuales. Sin embargo, muchos jubilados podrán descubrir, al recibir la carta con su pensión actualizada, que el aumento real en su bolsillo es mucho menor del esperado. La razón está en la falta de actualización del impuesto sobre la renta, y en la progresividad del sistema, que hacen que Hacienda absorba una parte importante de la subida.
El ejemplo más repetido estos días es el de una pensión media de unos 1.516 euros mensuales. Con la revalorización del 2,7%, debería aumentar unos 40 euros. Sin embargo, tras aplicar la retención del IRPF, el incremento neto se queda en apenas 23 euros. Los otros 17 euros —un 43% de la subida— van directamente a Hacienda. Es decir, casi la mitad del aumento desaparece antes de llegar al banco del pensionista.
Recordemos que el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más se ingresa, mayor es el porcentaje que se paga. El sistema funciona por tramos, como si fueran escalones. Si una pensión sube y supera un límite, aunque sea por unos pocos euros, la parte que queda por encima tributa a un tipo más alto. Esto hace que pequeñas revalorizaciones tengan un impacto fiscal desproporcionado.