Cataluña, que rompió el marco constitucional —por lo que hubo que aplicarse por primera vez en la historia el artículo 155 de la Constitución— recibe el 45% de los préstamos que ha procedido a repartir el Ministerio de Hacienda entre las Comunidades Autónomas.
Sus dirigentes —menos los huidos— fueron juzgados por el Tribunal Supremo y condenados a cárcel por delitos de sedición y de prevaricación. Pero los partidos independentistas, en lugar de ser clausurados, siguieron ganando elecciones y tomaron el poder de otra manera.
La debilidad del Gobierno, por un lado, y la decisión de Pedro Sánchez de aliarse con los independentistas catalanes y con el partido que tienen en sus filas a asesinos condenados por crímenes de terrorismo, por otro, ha regalado más cosas a los independentistas catalanes que lo que consiguieron el 1 de octubre de 2017.
Los separatistas han conseguido que se saque con un indulto a los golpistas, se ha hecho una ley ad-hoc para la prevaricación y se les da todo lo que piden.
Tal es así que cuando ya no debería de haber préstamos entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, porque ya no hay dificultades para conseguir financiación, el Ministerio de Hacienda ha concedido 10.620 millones de préstamos a la Comunidades Autónomas, pero no con una regla de equidad. Así, los amigos del gobierno, se han llevado 10.147 millones, el 95,5% del total de los préstamos y los no tan amigos del gobierno 474 millones que son el 4,5%.
Aquí tenemos los datos: Cataluña se lleva 4.750 millones, seguidos de la Comunidad Valenciana del socialista Ximo Puig con 2.791 millones y el 26,3% del total. Solo estas dos comunidades se llevan el 71%. Le siguen Castilla La Mancha, Aragón y Baleares, que entre las tres se llevan otros 2.230 millones, que suponen otro 21%. Las tres regiones son gobernadas por socialistas.
Si añadimos a estos, Extremadura y La Rioja y ponemos a la muy afín al Ejecutivo, Cantabria, sumamos los 10.147 millones que reciben los socialistas y los amigos de los socialistas, quedando 270 millones para Murcia y 204 millones para Andalucía.
Entre los que no reciben nada están, obviamente, País vasco y Navarra, pero también una región socialista como es Asturias, que es la excepción que confirma la regla, y Castilla y León, Galicia y Madrid.