España sostiene un sector público sobredimensionado sin que exista una explicación clara sobre el sentido de tanto gasto. A la Administración Central se suman las autonómicas, los ayuntamientos, las diputaciones y los cabildos, además de un entramado de más de 19.000 entes y organismos. A este laberinto institucional se añaden las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, cuya utilidad real para el ciudadano resulta cada vez más cuestionable.
El sistema cuenta con 19 delegaciones, una por comunidad, más las de Ceuta y Melilla. De ellas dependen 44 subdelegados provinciales, siete direcciones insulares, alrededor de 60 secretarías generales y vicesecretarías, decenas de responsables de áreas funcionales y de gabinetes, y al menos 150 asesores. En total, unos 6.500 efectivos que suponen un coste anual superior a los 350 millones de euros, de los cuales cerca de 280 millones corresponden solo a gastos de personal, detalla Vozpópuli.
Todo ese despliegue se destina a funciones que, en muchos casos, carecen de contenido efectivo o se solapan con competencias ya ejercidas por las comunidades autónomas, los ayuntamientos o el propio Estado a través de sus ministerios.
Los delegados del Gobierno, con rango de subsecretario, han sido designados por decreto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre personas de su máxima confianza, en algunos casos pertenecientes a su círculo político y personal más próximo. Las Delegaciones se han consolidado como estructuras en permanente fricción con los gobiernos autonómicos, más útiles para el control político del territorio que para la prestación de servicios públicos.
Las ventanillas para el ciudadano ya se concentran en la Administración General del Estado o en las autonomías, especialmente tras la generalización de la gestión digital y el avance de la inteligencia artificial. En ese contexto, la figura del delegado pierde aún más sentido.
Muchas de las tareas que se mantienen bajo el paraguas de las Delegaciones ya están asumidas por otros organismos. Las autorizaciones en materia de explosivos y armas corresponden a la Guardia Civil. La tramitación de sanciones de seguridad ciudadana o la coordinación en violencia de género dependen de estructuras estatales o autonómicas plenamente operativas.
A pesar de ello, las Delegaciones siguen adscritas al Ministerio de Política Territorial, con un presupuesto global que supera los 600 millones de euros, aunque muchas de sus actuaciones encajan mejor en el ámbito del Ministerio del Interior o del de Transición Ecológica.
La ley establece que los delegados representan al Estado en coordinación con los presidentes autonómicos. En la práctica, esa coordinación brilla por su ausencia cuando los ejecutivos regionales no comparten el color político del Gobierno central. Las Delegaciones actúan entonces como una oposición extraparlamentaria, diseñada para contrarrestar la acción de gobiernos autonómicos de otros partidos.
Las comunidades autónomas ya ostentan la mayor parte de las competencias previstas para estas delegaciones. Su margen de actuación queda reducido a la autorización de manifestaciones o concentraciones y a la gestión política de situaciones excepcionales, como ocurrió con el 8-M de 2020 en Madrid, con protestas en eventos deportivos o con la coordinación de ayudas en catástrofes como la dana de 2024 en la Comunidad Valenciana.
La ley exige que el nombramiento de los delegados responda a criterios de competencia profesional e idoneidad. Sin embargo, al menos cuatro forman parte de la actual comisión ejecutiva del PSOE, lo que convierte a la dirección del partido en una de las principales canteras de estas delegaciones. Sólo cinco de los 19 delegados son funcionarios de carrera, lo que revela una apuesta clara por la fidelidad política frente a la experiencia administrativa.
Según el Portal de la Transparencia, los sueldos de los delegados cuestan casi 2,5 millones de euros al año. Perciben de media más de 100.000 euros anuales, por encima incluso del salario del propio presidente del Gobierno. En 2024, el delegado mejor remunerado fue el de Melilla, con 117.341 euros, seguido por los de Cataluña, Canarias y Ceuta. Estas cifras no incluyen las subidas aprobadas en 2025 ni las previstas para 2026.
