El anunciado cierre de la central nuclear de Almaraz y el resto de plantas nucleares en España amenaza con dejar un profundo impacto económico en la Comunidad de Madrid, una de las regiones con mayor déficit energético del país. En la actualidad, Madrid produce apenas el 5% de la energía que consume, y depende en buena parte de comunidades como Extremadura y Guadalajara, donde se encuentran las centrales de Almaraz y Trillo.
En 2023, Almaraz generó 17.000 GWh, y se consolidó como la instalación con mayor producción energética de España. A pesar de su relevancia, el gobierno ha reafirmado su plan de clausurarla entre 2027 y 2028, siguiendo el calendario del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El cierre nuclear puede encarecer la factura eléctrica en 22.600 millones de euros por el aumento en el uso de combustibles fósiles, como el gas ruso, y mayor dependencia de ciclos combinados. Según la comunidad, Almaraz y Trillo generan actualmente en torno al 40% de la energía que se consume en la región.
La decisión ha desatado protestas en Extremadura. Este sábado, la plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro, liderará una marcha desde la Plaza de España de Almaraz hasta la central nuclear. Representantes políticos de diversos partidos, incluidos PP y VOX, acompañarán la manifestación en defensa de la continuidad de la planta. La presidenta extremeña, María Guardiola, encabezará las reivindicaciones.
Los comités de empresa de Almaraz-Trillo, por su parte, han señalado que la planta cuenta con el respaldo de organismos internacionales y podría operar hasta 80 años con plenas garantías técnicas.
Desde el sector energético, las críticas no se limitan al cierre. Foro Nuclear, que representa a los operadores de las plantas, ha denunciado la elevada presión fiscal que recae sobre la energía nuclear en España, que ha alcanzado el 41% del coste operativo. Esto incluye un aumento del 40% en la tasa Enresa, que consideran una violación al acuerdo firmado en 2019 con las empresas del sector.
Según el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, este trimestre será decisivo para el futuro de las centrales. Además de renegociar los términos del PNIEC, el sector insiste en la necesidad de aliviar la carga fiscal y garantizar inversiones a largo plazo. Sin estas medidas, aseguran que el alargamiento de la vida útil de las plantas no será viable.
El cierre de Almaraz no solo afectará a los 3.000 trabajadores directos de la planta, sino también a los 1.200 empleos adicionales que genera cada 18 meses en recargas de combustible. Más allá del impacto laboral, la clausura amenaza con desindustrializar la región, fomentar la despoblación y aumentar la dependencia de energías más contaminantes y costosas.
En este contexto, algunos sectores confían en que el auge del apoyo internacional a la energía nuclear, junto con la dependencia de otras regiones españolas, como Cataluña, de este tipo de plantas, pueda revertir la decisión gubernamental. Sin embargo, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reiterado que los cierres están ya acordados con las empresas, descartando cualquier marcha atrás.