Los españoles necesitan trabajar este año el equivalente a 231 días para pagar impuestos y cotizaciones, según la última edición del Día de la Liberación Fiscal elaborado por la Fundación Civismo. La fecha simbólica se sitúa el 20 de agosto, dos días más tarde que en 2025, cuando se alcanzó el 18 de agosto, según publica Libre Mercado.

El cálculo supone que, de media, todo el esfuerzo económico generado por un trabajador desde el comienzo del ejercicio hasta esa fecha se destina a cubrir sus obligaciones tributarias. A partir del 21 de agosto, según esta metodología, comenzaría el periodo en el que los ingresos obtenidos se dedicarían íntegramente a financiar otros gastos y consumo.

La evolución se produce pese a que España mantiene prorrogados los Presupuestos Generales del Estado. El incremento de los salarios y las pensiones eleva las bases sometidas al IRPF, mientras que las cotizaciones sociales también han aumentado. A ello se suma la recuperación de algunos tipos del IVA tras las medidas extraordinarias aplicadas durante los últimos años.

El resultado es un aumento de la presión fiscal que puede producirse sin que exista una subida explícita de los tipos impositivos. Los ingresos tributarios alcanzaron 325.356 millones de euros durante 2025, un 10,4% más que un año antes, lo que representa unos 30.650 millones adicionales. En ese mismo periodo, el PIB nominal creció un 5,8%.

La comparación refleja que la recaudación avanzó a un ritmo considerablemente superior al de la economía. El estudio de Civismo también detecta diferencias relevantes entre comunidades autónomas en el momento en que se alcanza el denominado Día de la Liberación Fiscal.

El País Vasco llega a esa fecha el 14 de agosto, mientras que Madrid lo hace el 15. En Cataluña, por el contrario, el día se retrasa hasta el 26 de agosto. Una de las razones que explican el incremento de la carga fiscal es la denominada progresividad en frío. Este fenómeno se produce cuando aumentan nominalmente los salarios, pero los tramos del IRPF, los mínimos personales y las deducciones no se actualizan en la misma proporción.

Durante 2025, la recaudación del IRPF aumentó un 10,1%, frente a un crecimiento del 7,2% de las rentas brutas de los hogares. El tipo efectivo soportado sobre esas rentas también se incrementó un 3,5%. El informe también analiza la denominada cuña fiscal sobre el empleo, que permite comparar el coste total de un trabajador para la empresa con la cantidad que finalmente recibe en su cuenta bancaria.

Para un trabajador con un salario bruto anual de 32.446 euros, el coste laboral total asciende a 42.390,70 euros al incorporar las cotizaciones empresariales. Sin embargo, el empleado percibe unos 24.724,91 euros netos.

La diferencia alcanza los 17.665,79 euros, por lo que impuestos y cotizaciones representan el 41,7% del coste laboral total. En términos sencillos, de cada 100 euros que la empresa destina a ese trabajador, solo 58,3 euros terminan convirtiéndose en salario neto.

La presión fiscal no se limita, además, a los impuestos asociados directamente al empleo. Una vez percibida la nómina, el trabajador vuelve a soportar impuestos cuando utiliza sus ingresos para consumir bienes y servicios.

Para el perfil utilizado como referencia, el estudio estima un pago anual de 2.212,77 euros en concepto de IVA, equivalente a 32,7 días adicionales de renta neta. La metodología empleada calcula la cuota de IVA incluida en el precio final de los productos, en lugar de aplicar directamente el tipo nominal sobre el gasto.

El resultado muestra que la carga tributaria sobre el trabajo no puede medirse únicamente a partir del porcentaje de IRPF que aparece en una nómina. Cotizaciones, IRPF, IVA y otros tributos reducen la renta disponible final de los trabajadores y explican que una parte significativa del coste laboral no llegue finalmente a sus bolsillos.