El Consejo de Ministros ha aprobado, sin anuncio oficial por parte de los ministerios implicados, una nueva batería de transferencias de crédito desde el Ministerio de Hacienda hacia la Seguridad Social, por un importe total de hasta 6.800 millones de euros. El objetivo de esta medida es reforzar la financiación de diversas prestaciones no contributivas en un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Según consta en la referencia oficial del Consejo celebrado el 7 de julio, la operación contempla, entre otras, una transferencia de 1.300 millones de euros destinada a financiar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya cobertura corresponde íntegramente al Estado por tratarse de una prestación no contributiva.. A esta transferencia se suman otros 1.328 millones de euros, se dirige al complemento de pensiones mínimas; 427,5 millones para cubrir asignaciones familiares no contributivas; 769,6 millones para las pensiones no contributivas por invalidez o jubilación y 2.984 millones para clarificar las fuentes de financiación del sistema de pensiones.

El Ejecutivo ha estado apostando por reforzar el modelo de financiación directa mediante transferencias desde el Estado hacia la Seguridad Social, en lugar de recurrir a préstamos, con el objetivo de asumir progresivamente los gastos considerados «impropios» del sistema. Esta estrategia ha supuesto un desvío acumulado de 474.627 millones de euros en préstamos y transferencias desde impuestos a lo largo de los últimos 14 años, lo que representa el 80,5% del incremento de la deuda de todas las administraciones públicas.

Según los últimos datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda, entre enero y mayo de este año la Seguridad Social ha recibido ya 15.452 millones de euros en transferencias, un 30,8% más que en el mismo periodo de 2024. Con la nueva inyección de 6.800 millones, el total de fondos transferidos en la primera mitad de 2025 supera ya los 22.000 millones de euros.