El proceso de liberalización ferroviaria en España atraviesa su momento más delicado. Las críticas reiteradas del ministro de Transportes, Óscar Puente, hacia las compañías privadas que operan en competencia con Renfe —especialmente Ouigo e Iryo—, así como las trabas regulatorias y los altos costes impuestos por ADIF, están generando un clima de creciente desconfianza en el sector.
Según revela The Objective, el propio ministro ha acusado a Ouigo de «competencia desleal» por establecer precios bajos, y llegó a anunciar denuncias ante la CNMC y posteriormente ante la Comisión Europea. En paralelo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, llegó a señalar públicamente a Ouigo como responsable del caos ferroviario ocurrido el pasado 1 de julio en la ruta Madrid-Andalucía, pese a que ADIF rectificó más tarde y reconoció que el incidente afectó a un tren Avant de Renfe.
Ouigo ha respondido que «no hay ningún elemento ni técnico, ni lógico ni racional que indique que el tren de Ouigo fue el origen del incidente» y ha denunciado que ni siquiera se les ha solicitado información para investigar los hechos. Desde el sector privado cuestionan las versiones oficiales: «Es como si en un atasco en la carretera se hunde el pavimento por el peso de los coches», señalan fuentes consultadas por The Objective.
A estos episodios se suman los sobrecostes derivados de los cánones ferroviarios. Desde su entrada en el mercado en 2021, Iryo y Ouigo denuncian haber pagado unos 120 millones de euros extra por el uso de la infraestructura, debido a un sistema de tarifas que, según la CNMC, no se ajusta a la normativa europea. «Estos costes se han mantenido a sabiendas del impacto en nuestras cuentas», lamentan desde Iryo.
La suma de acusaciones públicas, obstáculos normativos y un entorno crecientemente hostil ha encendido las alarmas entre potenciales nuevos actores del mercado. «No nos quieren aquí. Todo apunta a que se intenta expulsar a cualquiera que compita con Renfe», señalan fuentes de las compañías privadas.
La segunda fase de la liberalización ferroviaria, que incluye nuevos corredores como Madrid-Galicia y Madrid-Cádiz, está prevista para 2025, pero el calendario ya ha sufrido retrasos. A medio plazo, España debe también abrir la competencia en Cercanías y Media Distancia antes de 2027, como exige la normativa comunitaria. Sin embargo, en el actual contexto, los operadores dudan que se generen las condiciones adecuadas para participar. “¿Quién va a venir si el Gobierno abre polémicas cada semana contra los privados?”, se preguntan desde el sector.
La liberalización del ferrocarril, concebida para fomentar la competencia, mejorar el servicio y abaratar precios para el usuario, parece haberse convertido en un campo minado para quienes se atreven a desafiar el monopolio histórico de Renfe ahora representado por Óscar Puente.
