La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho público un informe crítico sobre los efectos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el mercado laboral, cuando se cumplen cinco años desde su puesta en marcha. El estudio ha revelado que esta prestación condiciona negativamente las decisiones laborales de quienes la reciben, al elevar su salario de reserva y, con ello, reducir su disposición a trabajar.

La presidente del organismo, Cristina Herrero, ha afirmado durante la presentación del informe que los resultados no le resultaban sorprendentes, aludiendo a experiencias similares en otros países donde este tipo de ayudas ha generado efectos similares. Desde su creación en 2020, el IMV ha llegado a más de 3,1 millones de personas, según datos del Gobierno hasta junio de este año, destinando más de 15.300 millones de euros a financiar la medida.

El Ejecutivo, no obstante, ha considerado el IMV un logro en su lucha contra la pobreza. Desde el Gobierno se ha destacado su capacidad de protección social y se ha valorado positivamente su creciente cobertura. Sin embargo, críticos han señalado que el crecimiento sostenido del número de perceptores podría estar fomentando una situación de dependencia prolongada, en lugar de promover la inserción laboral.