La legión de asesores y personal de confianza del Gobierno de Pedro Sánchez no deja de crecer y cada mes bate un nuevo récord. Los últimos datos oficiales, a 1 de junio, confirman que los 22 ministerios acumulan ya 1.262 asesores y empleados eventuales, 52 más que en la legislatura anterior. A ellos se suman 11.772 funcionarios nombrados por libre designación, es decir, a dedo, frente a los 10.872 de hace apenas un año.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes concentra casi la mitad de los asesores del Ejecutivo, con 613. En paralelo, los altos cargos también han alcanzado su máximo histórico: 799.

Las cifras, a las que ha tenido acceso The Objective, muestran el abuso sistemático de Sánchez del sistema de libre designación y del nombramiento discrecional de asesores, la mayoría en el nivel 30, el más alto de la Administración. Todo ello en un momento en que su Gobierno está cercado por casos de corrupción y con apoyos parlamentarios cada vez más frágiles, que intenta sostener a base de concesiones y nuevos nombramientos.

El incremento de asesores, altos cargos y funcionarios designados a dedo se refleja en el gasto público. Sólo en 2023, la nómina de este personal alcanzó los 166 millones de euros, un 44% más que en 2018, cuando Sánchez llegó a Moncloa. Destaca especialmente el gasto en asesores: ha pasado de 43,9 millones a 78,2 millones en apenas cinco años.

La provisión por libre designación, que debería ser una fórmula excepcional para situar a funcionarios en puestos de confianza, se ha convertido en el mecanismo habitual. Este sistema genera dudas sobre favoritismo y arbitrariedad, ya que muchos funcionarios recién llegados a la Administración han escalado rápidamente gracias a su proximidad política, mientras que empleados con años de experiencia quedan relegados. Cerca del 70% de los colocados a dedo ocupan puestos de nivel 28, 29 y 30.

Los ministerios de Hacienda, Interior y Exteriores concentran uno de cada cuatro funcionarios nombrados por libre designación.

El Tribunal Supremo recuerda que estos funcionarios pueden ser cesados de forma discrecional, pero advierte de que el cese debe estar motivado. “Al funcionario cesado debe dársele razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren”, establece la jurisprudencia.

El mérito, arrinconado

Frente a la libre designación, el concurso de méritos —basado en la experiencia y formación— sigue siendo el procedimiento ordinario en la Administración General del Estado y cubre más de 140.000 plazas. Es un sistema transparente y valorado por un órgano independiente. Sin embargo, el Gobierno ha relegado esta fórmula para primar los nombramientos políticos.

Mientras tanto, los asesores mantienen su puesto mientras quien los designó siga en el cargo. Entre ellos destacan nombres como Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos, o su esposa, también contratada como personal de confianza. En la misma categoría figura la asesora del máximo nivel que se encargó de la agenda privada de Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

Las cifras reflejan así el verdadero rostro de la “nueva política” de Pedro Sánchez: más gasto, más clientelismo y más dedazos, mientras los funcionarios de carrera quedan relegados y los casos de corrupción salpican a su entorno.