El Gobierno de Pedro Sánchez únicamente ha realizado el 45,5% de lo presupuestado en 2021, el 39,6% en 2022 y el 27,3% en 2023. Según el nuevo estudio del Instituto Juan de Mariana, esto significa que a la economía real han llegado apenas 20.000 millones de euros, «un 75% menos de lo esperado».
El estudio considera que no hay transparencia en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta manera, varios organismos públicos y privados, incluyendo la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, han denunciado que «la Intervención General de la Administración del Estado no desglosa los fondos realmente invertidos desde verano de 2021″.
Además, también se ha señalado el modelo de gestión del gobierno debido a «la introducción de numerosos procedimientos burocráticos que han resultado en cuellos de botella y parones administrativos», lo que condena el programa por diseño.
Expectativas del Gobierno
El gobierno español tenía expectativas optimistas sobre el impacto de los fondos europeos, prometiendo un aumento anual del PIB de 2,5-3 puntos. Sin embargo, según el IJM, el efecto real de los desembolsos en los primeros tres años ha sido cinco veces menor, y se espera que a medio plazo sea más de un 50% inferior a lo anunciado. Además, gran parte del crecimiento económico se sustenta en el endeudamiento del Estado, representando el 60% de la mejora del PIB en 2023.
En cuanto al empleo, los niveles efectivos de ocupación son más bajos de lo esperado, con un aumento del desempleo de 3.773.000 a 3.790.500 personas entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023, a pesar de la promesa del gobierno de crear 800.000 empleos.
El informe del think tank indica que la mayoría de los fondos europeos se han dirigido al sector público, con un 80% destinado a diferentes instancias del Estado y menos del 20% a empresas privadas. A pesar de que se comprometieron cerca de 80.000 millones en ayudas a fondo perdido, el gobierno ha propuesto 37.000 millones en nuevos gastos estructurales, desembolsos corrientes, subsidios y subvenciones cuya retirada se vislumbra complicada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha advertido que estos nuevos gastos se asimilan en el presupuesto, lo que dificulta su eliminación.
