El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la concesión directa de hasta 40,4 millones de euros en subvenciones de vivienda. Las instituciones de Barcelona recibirán 21.476.480 euros, más de la mitad del paquete, mientras que la Comunidad de Madrid contará con 8.375.000 euros destinados al realojo de familias de la Cañada Real.

El reparto figura en el Real Decreto 726/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado. La norma concede las ayudas sin convocatoria pública y designa de antemano tanto a los beneficiarios como las cantidades máximas asignadas a cada uno.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana justifica este procedimiento excepcional por la existencia de razones de interés público, social y económico que, según el decreto, deben atenderse «de manera urgente y sin posibilidad de convocatoria pública».

La referencia difundida después del Consejo de Ministros del 8 de septiembre se limitó a informar de la aprobación de un real decreto sobre subvenciones directas en materia de vivienda. El Ejecutivo no desglosó entonces las cantidades ni explicó que Barcelona concentraría el 53,1% de los fondos.

La mayor partida será para el Ayuntamiento de Barcelona, que recibirá hasta 15.777.360 euros para construir viviendas destinadas al alquiler asequible o social. El Área Metropolitana de Barcelona contará con otros 5.399.120 euros para la misma finalidad.

En total, ambas administraciones recibirán 21.176.480 euros para promover vivienda. El decreto, sin embargo, no precisa cuántos inmuebles se construirán, su localización, el coste estimado por vivienda o los criterios utilizados para seleccionar estos proyectos frente a las necesidades de otros municipios españoles.

A las partidas inmobiliarias se suman 250.000 euros para que el Ayuntamiento de Barcelona organice y financie el denominado Houssing Summit 2026. La subvención podrá sufragar gastos de gestión, administración, consultoría, personal, estructura y comunicación relacionados con el encuentro.

El Gobierno también repartirá 50.000 euros entre cuatro universidades catalanas para financiar la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda. La Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona recibirán 12.500 euros cada una.

Según el real decreto, la cátedra podrá dedicar los fondos públicos a formación, investigación, asesoramiento y divulgación. Entre las actuaciones subvencionables aparecen informes, estudios académicos, artículos de prensa, conferencias, seminarios, congresos, exposiciones y talleres de posgrado.

La suma de las ayudas concedidas al Ayuntamiento, el Área Metropolitana y las cuatro universidades eleva a 21,5 millones la cantidad destinada a entidades de Barcelona. El importe multiplica por más de dos y medio los 8,4 millones asignados a la Comunidad de Madrid.

La comparación territorial no es homogénea. El dinero destinado a Madrid no constituye una partida general para promover vivienda en la región, sino que tiene como única finalidad la adquisición y adecuación de inmuebles para realojar a familias residentes en la Cañada Real Galiana.

El decreto tampoco detalla cuántas familias serán realojadas con esos 8.375.000 euros, qué viviendas se comprarán o cuál será el coste medio de cada operación. Estos extremos deberán concretarse en la resolución posterior de concesión.

Fuera de Barcelona y Madrid, la Diputación de Sevilla recibirá cuatro millones de euros para construir viviendas de alquiler asequible o social. El Ayuntamiento de Éibar contará con otros tres millones para actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana en el barrio de Murrategi.

La entidad pública estatal Casa 47 recibirá 3.560.630 euros para continuar la promoción de unas 90 viviendas protegidas de alquiler en Loma Colmenar, en Ceuta. Esta ayuda deriva de un acuerdo suscrito en 2018.

Las subvenciones se abonarán mediante un único pago anticipado una vez que entren en vigor las resoluciones, convenios o adendas correspondientes. Los beneficiarios no tendrán que presentar garantías antes de recibir el dinero, aunque deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las actuaciones de construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas dispondrán de un plazo máximo de seis años, ampliable en otros tres. La cumbre de vivienda deberá ejecutarse en un año y la cátedra universitaria tendrá un plazo de tres ejercicios.

Aunque el Gobierno ha elegido directamente a las entidades beneficiarias, la norma establece que la posterior adjudicación de las viviendas deberá realizarse mediante registros de solicitantes o fórmulas objetivas, transparentes y públicas.

El decreto, firmado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, revela así un reparto territorial muy desigual. Barcelona absorbe más de uno de cada dos euros del paquete extraordinario, mientras el Gobierno aplaza a posteriores resoluciones la información necesaria para conocer el número de viviendas que financiará y el coste real de cada una.