El Gobierno de Sánchez ha destinado 665.161 euros de dinero público para seguir imprimiendo talonarios de recetas en papel para mutualistas de Muface, —sistema al que están acogidos millones de funcionarios—, un sistema que contrasta con la receta electrónica ya extendida en la sanidad pública.

El contrato, adjudicado el pasado 6 de marzo, vuelve a recaer en la misma empresa que ya venía prestando el servicio: Formularios Europeos SA (FESA). La licitación la ha tramitado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, una circunstancia que resulta llamativa si se tiene en cuenta que el objetivo del departamento es impulsar la modernización digital de la Administración.

Según explica Muface, «el talonario de recetas es un documento oficial, personal e intransferible, y está destinado al uso del titular y sus beneficiarios». Pese a ello, el sistema continúa obligando a miles de funcionarios a seguir utilizando formularios físicos para obtener medicamentos.

El nuevo contrato tendrá una duración de un año, entre junio de 2026 y junio de 2027, y contempla la producción de entre 15 y 27 series anuales de recetas. Cada serie estará formada por un millón de recetas, distribuidas en 40.000 talonarios, que incluyen cubiertas, hoja de recibo y 25 juegos de receta original y copia para el paciente numerados de forma correlativa.

Además del modelo actual, el adjudicatario podrá fabricar otros cuatro tipos de talonarios diferenciados únicamente por el idioma: español-catalán, español-gallego, español-valenciano y español-vasco.

La continuidad del papel se explica porque Muface mantiene un sistema mixto mientras intenta consolidar su receta electrónica SIREM, un proyecto iniciado en 2017 y que todavía no está implantado totalmente. Los datos reflejan lo poco cambiante del sistema: en 2017 se tramitaron 1.148.490 talones, mientras que en 2024 se emitieron 1.033.110. El coste estimado de cada serie de 40.000 talonarios ronda los 20.000 euros, según el pliego del contrato.

La receta electrónica de Muface comenzó a funcionar en Cantabria en 2020 y se fue extendiendo progresivamente a otras comunidades. En los últimos años se ha implantado en Asturias, Canarias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla. Durante 2025 llegó también a Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y País Vasco.

Aun así, cuatro comunidades autónomas siguen pendientes: Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña, donde está previsto que el sistema llegue durante el primer trimestre de 2026, aunque seguirá conviviendo con el papel.

Mientras tanto, el procedimiento para muchos mutualistas continúa siendo el mismo: solicitar el talonario, recibirlo por correo postal, acudir al médico con él y presentar la receta físicamente en la farmacia. Un circuito administrativo que contrasta con el modelo digital del Sistema Nacional de Salud, donde la prescripción y dispensación se realizan sin documentos físicos.