El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado este jueves un acuerdo provisional para actualizar la normativa de coordinación de los sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea, tras años de negociaciones.

En materia de desempleo, el pacto establece que los trabajadores extranjeros deberán acreditar un periodo de cotización de al menos 22 semanas para que el país donde ejercieron su actividad asuma el pago de la prestación. Con esta medida, se pretende que la responsabilidad financiera recaiga en el Estado en el que se generaron los derechos contributivos.

Asimismo, se amplía de tres a seis meses el periodo durante el cual un trabajador puede seguir percibiendo la prestación por desempleo de su país de origen mientras busca empleo en otro Estado miembro. Esta modificación responde a la necesidad de facilitar la movilidad laboral sin trasladar costes indebidos a sistemas ajenos.

El acuerdo también introduce cambios en las obligaciones de notificación para empresas que desplazan trabajadores. Se mantiene el requisito general de aviso previo, aunque se flexibiliza para desplazamientos de corta duración, mientras que sectores como la construcción estarán sujetos a controles más estrictos.

Además, se clarifican las condiciones bajo las cuales los Estados pueden limitar el acceso a determinadas ayudas sociales a ciudadanos de la UE que no trabajan. El texto refuerza la cooperación administrativa, promueve el intercambio de información y fomenta la digitalización de los procedimientos. El pacto deberá ser formalmente aprobado antes de su adopción definitiva.