Seis años después del estallido de la pandemia de la covid, la Administración ha activado un proceso de revisión de las ayudas extraordinarias concedidas a los trabajadores autónomos entre 2020 y 2021. Esta actuación está dando lugar a reclamaciones de devolución para decenas de miles de beneficiarios y responde a la comprobación a posteriori del cumplimiento de los requisitos exigidos en el momento de la concesión.
Durante los meses más críticos de la crisis sanitaria, el Estado puso en marcha diversas prestaciones excepcionales dirigidas al colectivo de autónomos, fundamentalmente por cese total de actividad o por reducción significativa de ingresos. Estas ayudas, según publica The Objective, alcanzaron a cerca de un millón y medio de trabajadores por cuenta propia.
En la actualidad, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social están solicitando con carácter retroactivo la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada norma reguladora. El procedimiento consiste en justificar la caída de ingresos o la situación de inactividad conforme a los umbrales fijados en cada momento. Cuando no se logra demostrar dicho cumplimiento, se inicia el correspondiente expediente de devolución.
Fuentes del sector de los autónomos indican que las devoluciones efectivas afectan a un porcentaje reducido del total de ayudas concedidas, en torno al tres por ciento, aunque subrayan que el proceso de revisión se está aplicando de forma generalizada. Esta circunstancia ha generado inquietud entre los beneficiarios, en parte por el contexto normativo en el que se aprobaron las ayudas, caracterizado por cambios frecuentes de regulación y criterios interpretativos variables.
El impacto del procedimiento no es homogéneo. Algunos expedientes afectan a autónomos que han cesado su actividad, se han jubilado o atraviesan situaciones económicas complejas, lo que dificulta la tramitación. Desde las mutuas se sostiene que la revisión responde a obligaciones legales de control del gasto público, mientras que asociaciones del sector advierten del riesgo de trasladar a los beneficiarios las consecuencias de un diseño normativo excepcional.
Según datos trasladados por la Seguridad Social, las prestaciones de cese de actividad concedidas durante la pandemia tuvieron carácter provisional para garantizar su rápida llegada. Posteriormente, y tras una evaluación del Tribunal de Cuentas, se inició el proceso de revisión y trámite de audiencia. De las ayudas concedidas en el primer real decreto ley, algo más de 40.000 han sido finalmente reclamadas.
A finales de 2025, alrededor de 60.000 autónomos seguían pendientes de resolución por parte de las mutuas, que en su conjunto abonaron más de 3.700 millones de euros en prestaciones.
