Más de un millar de juristas alemanes han firmado una petición para que el Gobierno federal y el Parlamento impulsen un procedimiento de ilegalización contra Alternativa para Alemania (AfD), el partido soberanista que encabeza varias encuestas y que se ha convertido en la principal fuerza de oposición al consenso progresista en Alemania.
La iniciativa ha sido organizada por la Asociación Republicana de Abogados (RAV), que lleva meses reclamando a las instituciones alemanas que presenten una solicitud formal ante el Tribunal Constitucional Federal para prohibir el partido.
Según la propia asociación, el apoyo al llamamiento ha pasado de unos 500 juristas a mediados de julio a 1.051 firmantes, entre abogados, jueces, fiscales y otros profesionales del ámbito jurídico. La campaña se apoya en el artículo 21 de la Ley Fundamental alemana, que permite declarar inconstitucionales a los partidos que busquen socavar o abolir el orden democrático liberal.
La izquierda jurídica presiona al Gobierno
La RAV sostiene que defender la dignidad humana implica oponerse a partidos que, a su juicio, entran en conflicto con los principios fundamentales de la Constitución alemana. La asociación también cita un informe jurídico de la Sociedad para los Derechos Civiles, con sede en Berlín, que analiza si AfD podría cumplir los criterios constitucionales para ser ilegalizada.
Sin embargo, la RAV no puede iniciar por sí misma el procedimiento. Bajo la legislación alemana, sólo el Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno federal están legitimados para presentar una solicitud de prohibición ante el Tribunal Constitucional. Por eso, la operación tiene un objetivo político evidente: aumentar la presión sobre el Gobierno y el Parlamento para que actúen contra AfD.
Ilegalizar al adversario político
Los promotores de la medida sostienen que un proceso ante el Constitucional serviría para aclarar si AfD vulnera el orden constitucional alemán. Pero los críticos advierten de que la iniciativa supone un salto peligroso: intentar sacar de la competición democrática a un partido con millones de votantes mediante una vía judicial.
AfD ha crecido precisamente por su oposición a la inmigración masiva, al debilitamiento de la soberanía nacional, a la agenda climática radical y al consenso de los grandes partidos tradicionales.
Su ascenso ha desbordado el marco político alemán y ha obligado a la CDU, al SPD, a los Verdes y a los liberales a enfrentarse a una realidad incómoda: una parte creciente del electorado rechaza el rumbo impuesto durante las últimas décadas.
Ante ese avance, sectores de la izquierda jurídica y política vuelven a plantear la misma fórmula: no derrotar a AfD en las urnas, sino intentar prohibirla.
Una democracia bajo tutela
La petición llega en un momento de máxima tensión política, con Alemania camino de nuevas citas electorales regionales y con AfD consolidada como fuerza ascendente. Sus detractores la presentan como una amenaza para el orden constitucional.
Sus defensores responden que la verdadera amenaza democrática es que élites políticas, jurídicas y mediáticas pretendan decidir qué opciones pueden votar los ciudadanos. El problema de fondo no es sólo AfD. Es la creciente tentación de utilizar los mecanismos excepcionales del Estado para excluir a las fuerzas incómodas del tablero político.
