Las autoridades británicas han acusado por primera vez a una persona bajo el nuevo delito creado para perseguir la publicidad en Internet de servicios destinados a facilitar la inmigración ilegal. El acusado es Hem Raj, un ciudadano indio de 24 años residente en Smethwick, en West Midlands, que presuntamente utilizaba las redes sociales para ofrecer asesoramiento relacionado con solicitudes fraudulentas de visados y asilo.
Raj fue detenido el pasado 15 de septiembre durante una operación conjunta de la National Crime Agency (NCA) y la Policía de West Midlands. Los agentes también intervinieron varios teléfonos móviles durante el registro.
La NCA ha confirmado que se trata de la primera vez que una persona es acusada en una de sus investigaciones bajo el nuevo delito introducido por la Ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración de 2025.
Anunciaba presuntamente fraudes de visados y asilo
La investigación comenzó después de que los agentes detectaran publicaciones en redes sociales en las que supuestamente se ofrecía asesoramiento para presentar solicitudes fraudulentas de visados y peticiones de asilo.
La Fiscalía le acusa de vulnerar el artículo 17 de la Border Security, Asylum and Immigration Act 2025, que convirtió en delito específico la creación o difusión de contenido destinado a promocionar servicios migratorios ilegales.
Raj afronta además una segunda acusación por prestar ilegalmente asesoramiento migratorio sin disponer de la autorización correspondiente, en aplicación de la Ley de Inmigración y Asilo de 1999. Los cargos son acusaciones y deberán ser probados ante los tribunales.
Hasta cinco años de cárcel
La nueva legislación británica permite perseguir a quienes creen o publiquen material digital cuyo propósito o efecto sea promover servicios destinados a vulnerar las leyes migratorias, incluidos métodos para entrar ilegalmente en Reino Unido, obtener documentación fraudulenta o eludir los procedimientos de inmigración.
No es necesario que la publicación termine provocando una entrada ilegal concreta: la propia promoción del servicio puede constituir ya un delito si su autor conoce o tiene motivos para sospechar cuál es su finalidad.
En los casos más graves, una condena puede acarrear hasta cinco años de prisión y una multa. La norma dispone además de jurisdicción extraterritorial, por lo que puede aplicarse a publicaciones realizadas fuera de Reino Unido.
La legislación entró en vigor después de que el Gobierno británico detectara que las organizaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes utilizaban cada vez más Facebook, TikTok, Instagram, Telegram y otras plataformas digitales para captar clientes y publicitar sus servicios.
Según un análisis oficial del Ministerio del Interior, el 94% de los anuncios relacionados con delincuencia migratoria organizada detectados por la NCA aparecía en esas cuatro plataformas.
Reino Unido endurece la persecución de las redes migratorias
La NCA sostiene que combatir el crimen organizado relacionado con la inmigración constituye una de sus principales prioridades. «Esto incluye perseguir a quienes facilitan delitos utilizando plataformas en Internet», ha señalado Kevin Broadhead, responsable de una de las divisiones de la agencia.
Las autoridades británicas han intensificado durante los últimos años la vigilancia sobre las redes sociales utilizadas por traficantes de personas y otros intermediarios.
Durante los doce meses anteriores a diciembre de 2025, las actuaciones de la NCA provocaron la retirada de casi 10.700 cuentas, páginas y publicaciones relacionadas con este tipo de actividades, frente a unas 8.000 durante 2024. Desde finales de 2021 se habrían eliminado más de 27.000 contenidos.
El Gobierno justificó la creación del nuevo delito señalando que la legislación anterior obligaba en muchos casos a vincular el anuncio digital con una infracción migratoria concreta, dificultando la persecución de quienes se dedicaban fundamentalmente a promocionar esos servicios.
Libertad condicional y prohibición de utilizar Internet
Raj compareció ante un tribunal de magistrados el 16 de septiembre y su procedimiento fue remitido posteriormente al Tribunal de la Corona de Wolverhampton, donde está prevista una nueva audiencia el próximo 14 de octubre.
El acusado quedó en libertad bajo condiciones, entre ellas portar una pulsera de localización GPS, permanecer en su domicilio y no utilizar dispositivos conectados a Internet, según informaciones publicadas sobre el procedimiento judicial.
Su procesamiento supone así el primer caso con el que las autoridades británicas ponen a prueba el nuevo instrumento penal dirigido específicamente contra la publicidad digital de servicios de inmigración ilegal.
