Se están empezando a encender todas las alarmas. En algún artículo anticipé que la deuda llegaría a 1,615 billones, y tal y como ha publicado el Banco de España ya está en 1,613 billones.
La vicepresidenta María Jesús Montero lo sabe y va a contar a Bruselas que la deuda es sólo coyuntural y que lo van a arreglar en el segundo trimestre y antes de final de año. Pero hay un indicador que no puede controlar. La deuda se acaba de colocar en el 108,8% del PIB. En el cierre de 2023 fue del 107,7% y el Gobierno ha prometido a Bruselas que será el 105,6% (ellos exigen el 104%).
Los datos facilitados por el Banco de España confirman todo lo que ya sabíamos: la deuda se fue a casi 72.000 millones en 2023 y este año continuamos por la misma senda. En el primer trimestre creció en 39.309 millones de euros. Esa cifra de deuda supone haber consumido el 71% de la deuda prometida a la Comisión Europea.
El 27 de marzo, el Ministerio de Hacienda envió a Bruselas el Informe de los niveles de déficit y deuda de los gobiernos, un documento que se envía dos veces al año (a finales de marzo y a finales de septiembre). En ese informe prometía que la deuda a finales de año será de 1,629 billones, que subirá en 55.141 millones, que supondrá el 105,6% del PIB y que el déficit consolidado de las administraciones públicas no superará los 45.723 millones.
Mientras, la Seguridad Social no ha pedido dinero prestado por ella. Los organismos autónomos tienen órdenes de ir amortizando deuda y los ayuntamientos siguen amortizando deuda. Las comunidades corren riesgos, pero no se han endeudado demasiado (un total de 3.506 millones). Es la administración central la que está fuera de control con 44.399 millones. En este escenario ya se ha encendido uno de los semáforos de alto peligro para los planes fiscales aprobados en abril en el Parlamento Europeo.