El Consejo de Ministros ha autorizado este martes una transferencia de crédito de 2.984 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para financiar el pago de prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación.

El Ejecutivo sostiene que la medida responde al cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, que establece la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social: las prestaciones contributivas deben sufragarse principalmente con cotizaciones sociales, mientras que las no contributivas y universales deben pagarse con impuestos generales.

Según ha explicado el Ministerio de Hacienda, la operación se enmarca en el compromiso del Estado de asumir de forma progresiva los gastos de naturaleza no contributiva. Es decir, aquellas prestaciones que no dependen directamente de las cotizaciones previas del beneficiario.

La transferencia se produce en un contexto de Presupuestos Generales del Estado prorrogados. La Ley de Presupuestos de 2023, prorrogada para 2026, prevé diversas transferencias del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social por un importe global de 19.888 millones de euros.

Hacienda ha señalado que resulta necesario aumentar la dotación de crédito disponible para este ejercicio con el fin de hacer frente a las aportaciones comprometidas por el Estado al sistema. El importe adicional cuantificado asciende a 2.984 millones de euros, ahora autorizado por el Consejo de Ministros.

El Ministerio ha defendido que se trata de una operación ya realizada en ejercicios anteriores y vinculada al objetivo de clarificar qué parte del gasto de la Seguridad Social debe financiarse con cotizaciones y cuál debe hacerlo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La decisión vuelve a situar en primer plano el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, la creciente dependencia de transferencias estatales y el peso que soportan los contribuyentes para cubrir una parte cada vez más relevante del gasto público.