Ahorrar en España cuesta mucho más que en la mayoría de países europeos. La tributación efectiva sobre el ahorro financiero alcanza en nuestro país el 22%, frente al 14% de media en la Unión Europea, lo que supone una carga fiscal un 57% superior a la del conjunto comunitario, según recoge Libre Mercado.
Así lo señala el informe La fiscalidad del ahorro como palanca de crecimiento en España, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en colaboración con la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA), que advierte de los efectos negativos de esta presión fiscal sobre las familias, la inversión y el crecimiento económico.
El estudio subraya que una fiscalidad excesiva sobre el ahorro reduce la rentabilidad neta de los ahorradores, dificulta la acumulación de capital y debilita la capacidad de los hogares para planificar su futuro. También afecta a la inversión productiva, ya que el ahorro constituye una de las principales fuentes de financiación empresarial.
El informe recuerda que el ahorro no sólo permite a las familias afrontar imprevistos o complementar sus ingresos durante la jubilación, sino que también cumple una función decisiva en la economía: canalizar recursos hacia proyectos productivos, inversión y crecimiento. Sin embargo, el marco fiscal español penaliza precisamente esa conducta de prudencia y responsabilidad.
España aplica tipos máximos muy superiores a los europeos
La diferencia con Europa resulta especialmente visible en las ganancias patrimoniales. España aplica un tipo marginal máximo del 30% sobre las ganancias de capital, frente al 18% de promedio en la Unión Europea y al 20% registrado entre los países de la OCDE.
Según los autores del informe, esta situación coloca a España entre las economías que más castigan fiscalmente el ahorro financiero y la inversión en renta variable. Es decir, el sistema tributario penaliza decisiones económicas que favorecen la productividad, la capitalización de las empresas y el crecimiento potencial de la economía.
La presión fiscal española supera también la media internacional en la mayoría de productos financieros. En el caso de los depósitos bancarios y la renta fija, la tributación efectiva ronda el 30%. Las acciones soportan una carga del 29%, frente al 22% de media en la Unión Europea, mientras que los fondos de inversión registran una tributación del 27%, seis puntos por encima del promedio comunitario.
Los planes de pensiones presentan un tratamiento más neutro, pero incluso en este ámbito España queda rezagada frente a numerosos países europeos que ofrecen incentivos fiscales más potentes para fomentar el ahorro a largo plazo. La media de la Unión Europea arroja una tributación efectiva negativa del 23%, reflejo de estímulos fiscales orientados a favorecer la previsión y la capitalización de las familias.
Los expertos reclaman una reforma integral
El informe incorpora una encuesta realizada entre más de 260 profesionales certificados por EFPA. Más del 90% considera que la fiscalidad influye de forma relevante o muy relevante en las decisiones de ahorro e inversión de los ciudadanos.
Entre las medidas más demandadas figuran la recuperación y ampliación de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, la compensación plena de pérdidas patrimoniales, la reducción de la tributación sobre las rentas del ahorro y las ganancias de capital, la corrección del efecto de la inflación sobre las plusvalías y la eliminación de la doble imposición sobre los dividendos.
El IEE propone una reforma integral del sistema fiscal del ahorro que incluya una reducción significativa de los tipos aplicables, hasta situarlos por debajo del 18% de media europea, la recuperación de los coeficientes de actualización para corregir la inflación, el aumento de las aportaciones deducibles a planes de pensiones hasta los 5.000 euros anuales y la creación de nuevos instrumentos de ahorro-inversión inspirados en las mejores prácticas internacionales.
Según el informe, avanzar en esta dirección permitiría reforzar la capacidad de ahorro de las familias, mejorar la canalización del capital hacia actividades productivas y acercar a España a los estándares fiscales de las economías europeas más competitivas.
