Ahorrar e invertir resulta fiscalmente mucho más costoso en España que en buena parte de Europa. La elevada presión tributaria reduce la rentabilidad que finalmente obtiene el inversor, desincentiva la acumulación de patrimonio y dificulta que los recursos de las familias terminen destinados a la inversión productiva.
Así lo constata un estudio elaborado conjuntamente por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA), que sitúa a España entre los países donde el ahorro soporta una mayor carga fiscal efectiva.
Uno de los principales problemas se encuentra en el IRPF. El tipo marginal máximo aplicado a las rentas del ahorro alcanza el 30% en España, 12 puntos por encima del 18% de media de la Unión Europea.
La diferencia también resulta significativa al analizar la tributación efectiva. El ahorro financiero soporta en España una carga equivalente al 22% de su rentabilidad, frente al 14% de media de la UE y el 16% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La presión fiscal se extiende prácticamente a todos los productos financieros. La inversión bursátil registra una tributación efectiva del 29%, frente al 22% de media comunitaria y el 21% de la OCDE. El informe confirma así una presión fiscal «relativamente elevada sobre la inversión en renta variable».
La situación es similar en los fondos de inversión. España aplica una tributación efectiva del 27%, por encima tanto del promedio de la OCDE, situado en el 24%, como del 21% registrado en la Unión Europea.
El castigo fiscal alcanza incluso a los instrumentos utilizados por los ahorradores con perfiles más conservadores. Los depósitos y los bonos públicos soportan una tributación efectiva del 30%, una cifra que contribuye a situar a España entre los países con una mayor carga sobre el ahorro.
El estudio señala además las diferencias existentes en el tratamiento fiscal de los planes de pensiones. Su tributación efectiva se sitúa en España en el 0%, lo que supone un tratamiento neutral, pero queda muy lejos de los incentivos existentes en otros países europeos.
El tipo efectivo medio aplicado a estos productos alcanza el -23% en la Unión Europea como consecuencia de las ventajas fiscales concedidas para fomentar el ahorro destinado a la jubilación. En algunos casos, los incentivos llegan a generar tipos efectivos negativos de hasta el 26%.
Ante esta situación, el IEE propone elevar hasta los 5.000 euros el límite de las aportaciones deducibles a los planes de pensiones, actualmente situado en 1.500 euros, y desvincular los límites fiscales de los financieros. El objetivo sería permitir aportaciones superiores aunque una parte de ellas no genere una deducción fiscal.
El organismo también plantea que los planes de pensiones tributen según la base del ahorro y no como rentas del trabajo, además de ampliar los límites de deducción vinculados a las aportaciones a fondos y planes de pensiones.
Las propuestas del informe van más allá. El IEE reclama reducir el tipo marginal máximo aplicado a las rentas del ahorro y las ganancias de capital hasta situarlo por debajo del 18%, corregir la doble tributación de los dividendos en el IRPF y tener en cuenta el impacto de la inflación en el cálculo de las ganancias patrimoniales.
Precisamente, la suma de la tributación de los beneficios empresariales a través del impuesto sobre Sociedades y de los dividendos mediante el IRPF eleva la carga fiscal hasta el 47,5% en España.
La diferencia respecto a los países del entorno vuelve a ser significativa: la media de la Unión Europea se sitúa en el 38,8%, casi nueve puntos por debajo. Un diferencial fiscal que reduce la rentabilidad neta de la inversión y sitúa a España en desventaja frente a otras economías europeas a la hora de fomentar el ahorro y canalizarlo hacia la actividad productiva.
