El Gobierno aprobaba este martes en Consejo de Ministros, un real decreto para la regulación de la actividad de los influencers. A propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, tendrán que identificar de forma expresa la publicidad y etiquetar el contenido por edades.
«Son cada vez más importantes los creadores de contenidos audiovisuales en las redes y, por lo tanto, se hace necesario homologarles», ha afirmado el ministro José Luis Escrivá. En esta regulación, según ha detallado, el Ejecutivo define a un influencer en base a tres criterios. Se cumplirá «simultáneamente» y serán ingresos, actividad en la red y seguidores, para después establecer «una serie de obligaciones».
«Esas obligaciones son particularmente relevantes en dos ámbitos», ha manifestado el ministro. Así, en el ámbito de la protección de los menores, se les obliga al uso de herramientas de identificación digital de edad. También tendrán que etiquetar los contenidos que lanzan en las redes desde el punto de vista de la edad a la que van dirigidos. Lo deberán hacer con un código de conducta que tendrán que acordar con los reguladores en este ámbito: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Respecto a la publicidad, que para el ministro es «un ámbito muy relevante», tendrán que identificar y etiquetar de una forma expresa el contenido publicitario. No podrán hacer publicidad de tabaco, de alcohol o de medicamentos y tampoco podrán publicitar anuncios que generen un perjuicio psicológico o físico a menores.
Los influencers que cumplan estos requisitos tendrán dos meses para inscribirse en Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales. «Esta medida es muy beneficiosa en general para todos los usuarios», ha declarado el ministro. Escrivá cree que esta norma establece «un terreno de juego equitativo» con otros actores que ya estaban regulados en el ámbito de los contenidos audiovisuales.
Según ha defendido el Gobierno, esta regulación da «mayor protección a los consumidores y más seguridad jurídica» a los influencers. Cree que han alcanzado un «notable volumen económico» en las plataformas y por tanto tienen unas obligaciones que cumplir.
El real decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (influencers) en función de tres criterios. El económico exige que tengan unos ingresos iguales o superiores a 300.000 euros en el año anterior. El de audiencia, que establece que superen el millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones de seguidores en el global de su actividad. Por último, el de actividad, que establece que hayan publicado o compartido 24 o más vídeos al año.
