La consulta pública lanzada por el Gobierno para recabar opiniones sobre la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell ha generado un fuerte rechazo en los ámbitos financiero y empresarial. Entre las reacciones han destacado expresiones como «populismo barato», «intervencionismo lamentable» o incluso advertencias sobre el «riesgo de convertirnos en Venezuela».
La CNMC autorizó la OPA con ciertas condiciones pactadas con BBVA, consideradas asumibles por el banco vasco para seguir adelante con su propuesta. Sin embargo, la intervención final corresponde al Gobierno, que puede modificar, mantener o endurecer esas condiciones. La ley exige que cualquier acción del Ejecutivo se base en criterios de «interés general», distintos de los de competencia, ya que esa es competencia exclusiva de la CNMC.
La apertura de esta consulta ha generado «sorpresa» e «incredulidad» en el sector financiero, que la ve como una forma encubierta de obstaculizar una operación privada. Por ello, la banca ha criticado que se utilice un proceso similar a un referéndum abierto para tratar un asunto técnico y regulado, y teme que esto sirva como justificación política para intervenir en una decisión empresarial.
Asimismo, otros actores del mercado han calificado la consulta como un «mensaje horripilante» y un «paripé», sugiriendo que el Gobierno está eludiendo su responsabilidad al delegar en la sociedad una decisión que le corresponde exclusivamente. En este contexto, el presidente del Sindicato de Accionistas Minoritarios, Eduardo Breña, ha señalado que «el ejercicio del poder ejecutivo implica asumir decisiones y no trasladar presiones externas al sistema financiero ni a los accionistas de BBVA y Sabadell».
