El Tribunal de Cuentas ha detectado un desfase de 4.090 millones de euros en las cuentas del Estado correspondientes a 2024 por errores en el registro de ingresos y gastos que alteran el resultado real del ejercicio, según la fiscalización de la Cuenta General del Estado, según informa The Objective.

El Pleno del órgano fiscalizador aprobó este miércoles la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024 en una sesión marcada por una circunstancia inédita: por primera vez, un consejero votó en contra del informe, reflejando el nivel de discrepancia interna sobre la fiabilidad de las cuentas públicas.

El informe advierte de que parte del gasto generado en 2024 no fue imputado a ese ejercicio, mientras que obligaciones procedentes de años anteriores se incorporaron al cierre actual. Esta práctica rompe el principio de temporalidad contable y desplaza operaciones entre ejercicios, ofreciendo una imagen más favorable de la situación financiera del Estado.

Según el Tribunal, si se corrigieran esos desajustes, el déficit del Estado sería superior al reflejado en las cuentas oficiales. Las salvedades no se limitan, además, a ese desfase principal. La Cuenta General deja fuera a 65 entidades del sector público estatal y 38 entidades asociadas, lo que impide disponer de una visión completa del conjunto de la actividad pública.

A finales de 2024 permanecían sin reconocer más de 5.300 millones de euros en obligaciones y más de 2.000 millones en derechos, cantidades que deberán trasladarse a ejercicios posteriores. Para el órgano fiscalizador, esta diferencia entre lo ejecutado y lo contabilizado constituye uno de los principales fallos del sistema.

El Estado mantiene además más de 1.600 millones de euros en pagos pendientes de justificar fuera de plazo, una situación que evidencia problemas de supervisión, trazabilidad y control sobre el uso de los fondos públicos.

Los fallos alcanzan también a la valoración de activos y derechos del Estado. Los inventarios de la Administración General del Estado siguen incompletos y desactualizados, mientras que en la Seguridad Social existen bienes por 302 millones de euros en los que no se ha separado el valor del suelo y de la construcción, lo que impide conocer su valoración real.

El Tribunal detecta asimismo una sobrevaloración de 11.263 millones de euros en deudores tributarios y no tributarios, junto a una infravaloración de 2.644 millones en deudas de la Seguridad Social, el SEPE y el Fogasa. A ello se suma otra infravaloración de 781 millones por no registrar intereses de demora en cotizaciones sociales.

El informe señala incertidumbres en empresas públicas como Renfe Mercancías y Renfe-Operadora, además de problemas en Sepes, con más de 880 millones sin respaldo documental suficiente. También apunta fallos en el SEPE, donde no es posible verificar con fiabilidad parte de las deudas derivadas de prestaciones indebidas.

Entre las prácticas detectadas figura también el desplazamiento de gasto entre ejercicios en partidas sensibles. Las pensiones de diciembre de 2024 se imputaron en 2025, generando una infravaloración superior a 1.000 millones de euros en el ejercicio analizado y suavizando artificialmente el cierre anual.

El Tribunal también identifica dos modificaciones presupuestarias por un total de 2.389,4 millones de euros destinadas a reforzar las pensiones de Clases Pasivas —el régimen de antiguos funcionarios— y los complementos a mínimos, financiadas con fondos europeos.