Eliminar el riesgo de pobreza en España tendría un coste de 24.000 millones de euros anuales, una cifra equivalente al 1,8% del PIB, según el estudio Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, publicado por la Fundación Ramón Areces y el Ivie.
El informe, elaborado por un equipo de investigación del Ivie dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert, constata que la economía española se encuentra en una fase de expansión, con aumento del empleo y del salario mínimo, pero advierte de que ese crecimiento no ha conseguido acabar con la pobreza.
El estudio define el riesgo de pobreza como una renta inferior al 60% de la mediana nacional, mientras que la pobreza extrema o exclusión se sitúa por debajo del 40%. Bajo esos criterios, en 2025 el 19,5% de la población española se encontraba en riesgo de pobreza, una tasa que se ha reducido un 12% desde 2015. La pobreza extrema, por su parte, ha caído un 28% en el mismo periodo y se sitúa en el 8%.
La Fundación Ramón Areces y el Ivie calculan que eliminar el riesgo de pobreza exigiría esos 24.000 millones anuales, mientras que acabar con el riesgo de exclusión requeriría unos 8.800 millones de euros al año, el 0,7% del PIB.
El estudio refleja, sin embargo, fuertes diferencias entre comunidades autónomas. Mientras que la media nacional de población bajo el umbral de la pobreza es del 19,5%, en Andalucía alcanza el 27,7%. También superan claramente la media Murcia, con un 26,7%; Extremadura, con un 26,2%; la Comunidad Valenciana, con un 26%; Castilla-La Mancha, con un 25,9%; y Canarias, con un 22,9%.
En el extremo contrario se sitúan el País Vasco, con un 9,3%; Baleares, con un 11,6%; Navarra, con un 12,3%; y Madrid, con un 12,7%. En términos de pobreza extrema, la media nacional es del 8%, pero la Comunidad Valenciana alcanza el 11,8%, Andalucía el 11,4%, Murcia el 11,2% y Extremadura el 9,9%.
Uno de los datos más relevantes del informe es que tener empleo ya no garantiza escapar de la pobreza. Un tercio de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas, porcentaje que asciende al 40% en Baleares y que no baja del 25% en ninguna comunidad autónoma.
Aunque la tasa de pobreza entre la población ocupada ha descendido del 14,8% en 2015 al 11,6% en 2025, sigue siendo especialmente elevada en algunas regiones. En Andalucía alcanza el 17,4%, mientras que en Navarra se reduce al 6%.
El informe también mide el esfuerzo que tendría que realizar cada autonomía para acabar con el riesgo de pobreza. A escala nacional sería necesario destinar el 1,8% del PIB, pero en Andalucía el coste ascendería al 3,9% de su PIB, frente al País Vasco, donde bastaría con un 0,6%.
El trabajo clasifica además a las comunidades según la evolución de la pobreza y la exclusión entre 2015 y 2023. País Vasco, Aragón, Cantabria y Cataluña aparecen entre las regiones con mejores resultados; Madrid y La Rioja figuran entre las que han registrado mejoras sostenidas; y Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia quedan situadas en la parte baja de la clasificación.
El estudio alerta también de un empeoramiento relativo de la situación de las mujeres. En 2015, el riesgo de pobreza era del 21,8% entre ellas y del 22,5% entre los hombres. En 2025, la tasa femenina se sitúa en el 20,3%, frente al 18,6% masculino.
Por edades, los mayores de 65 años siguen siendo el grupo con menor incidencia de pobreza, aunque la tendencia comienza a variar en algunas regiones. Los menores de 18 años continúan siendo el colectivo más vulnerable: su riesgo de pobreza se acerca al 30%.
