El Tribunal de Cuentas ha pedido a las Cortes que se adopten «urgentemente» medidas para resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social, que acumula ya seis años consecutivos en situación de déficit. Asimismo, parte de esa deuda se genera a través de los préstamos a los que acude el Estados para financiar, algunos prorrogables o directamente sin plazo de reembolsos.
Según la Declaración sobre la Cuenta General del Estado que realizó la Intervención General (IGAE), el Estado otorgó en 2022 un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 6.981,6 millones de euros. Fuentes del organismo fiscalizador explican que es preferible aportar recursos a la Seguridad Social a través de transferencias corrientes, que en dicho año ascendieron hasta los 18.396 millones de euros.
La Declaración también hace referencia a otras incidencias relativas a la falta de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas y puestas en explotación con medios propios de la Seguridad Social, por al menos 125,9 millones, y a la sobrevaloración de los deudores tributarios por un valor de al menos 3.195,6 millones.
Además, hay una infravaloración de las deudas por cotizaciones con la Seguridad Social, SEPE y FOGASA por la falta de registro de la deuda por los intereses de demora devengados de 660,4 millones y por sobrevaloración del deterioro de valor de 2.103,4 millones.
