El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, negó este viernes ante el juez cualquier irregularidad en el rescate de Air Europa, dotado con 475 millones de euros, aunque reconoció que mantuvo reuniones previas con representantes de Globalia y del Ministerio de Economía antes de que la compañía formalizara la solicitud de la ayuda pública.
Según fuentes jurídicas, Lora explicó que esos encuentros tuvieron como finalidad recabar información sobre la aerolínea, adelantar parte del trabajo técnico y agilizar posteriormente la tramitación del expediente, rechazando que esos contactos supusieran un trato de favor o alteraran el procedimiento administrativo.
El vicepresidente de la SEPI declaró durante cerca de hora y media ante el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que investiga la concesión del rescate de Air Europa por un presunto delito de prevaricación administrativa. Compareció asistido por la abogada del Estado Rosa María Seoane y respondió a las preguntas de todas las partes personadas.
Durante su declaración, Lora, que ejercía como presidente en funciones de la SEPI cuando se aprobó la ayuda en 2020, admitió que en julio de ese año mantuvo reuniones con Javier Hidalgo, entonces responsable de Globalia, así como con miembros del equipo técnico y jurídico del grupo. En esos encuentros participaron también representantes del Ministerio de Economía.
La investigación pone el foco en que esas reuniones se produjeron antes de que Air Europa registrara oficialmente la solicitud de ayuda, presentada el 20 de agosto de 2020. El Consejo de Ministros aprobó el rescate el 3 de noviembre y los contratos se elevaron a público ocho días después.
Lora aseguró asimismo que nunca abordó la operación con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La causa, por el momento, se dirige exclusivamente contra el vicepresidente de la SEPI y se limita al análisis del rescate de Air Europa, pese a que las querellas presentadas por PP y Vox incluían otras actuaciones.
El juez instructor ha solicitado además abundante documentación para reconstruir la tramitación del expediente. Entre ella figuran el expediente íntegro y foliado, actas, borradores, anexos, correos electrónicos, informes, notas internas, agendas, convocatorias y comunicaciones mantenidas entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. En el auto se ordena recabar esa información «todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda una vez oído el querellado».
Las acusaciones sostienen sus sospechas en varios elementos, entre ellos el reparto de un dividendo extraordinario de 35 millones de euros a favor de la familia Hidalgo antes de solicitar el rescate, así como el hecho de que la ayuda se concediera a Air Europa Holding y no directamente a la aerolínea operativa.
La querella también cuestiona la rapidez con la que se resolvió el expediente, al señalar que fue tramitado en 75 días frente a una media de 355 en otros procedimientos del fondo, además del reducido coste atribuido al informe de viabilidad.
