
España sigue perdiendo competitividad fiscal frente a sus socios internacionales. La nueva edición del Índice de Competitividad Fiscal Internacional, elaborado por la Tax Foundation y presentado en España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), sitúa a nuestro país en el puesto 34 de 38 dentro de la OCDE, según recoge Libre Mercado.
El dato confirma el deterioro del sistema tributario español tras años de subidas fiscales, mayor presión sobre empresas y familias, y una creciente complejidad normativa que penaliza la inversión, el empleo y la actividad económica. España tiene ya el quinto peor sistema fiscal entre las economías desarrolladas incluidas en el estudio.
El informe señala que el deterioro no es puntual. Desde 2018, España ha perdido cinco posiciones en la clasificación y se sitúa 11,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.
Mientras países como Estonia, Letonia, Suiza, Luxemburgo o Nueva Zelanda encabezan el ranking gracias a sistemas tributarios más simples, neutrales y favorables a la inversión, España avanza en la dirección contraria: más impuestos, más trabas y más inseguridad para quienes producen, contratan o emprenden. La fiscalidad española se ha convertido así en uno de los grandes lastres de la economía nacional.
Uno de los datos más relevantes del informe es el relativo a la presión fiscal normativa. Según los cálculos del IEE, el diseño del sistema tributario español implica una carga un 17% superior a la media de la Unión Europea y un 18% más elevada que la del conjunto de la OCDE.
Todo ello se produce después de que la presión fiscal efectiva aumentara en España 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024, mientras que en el conjunto europeo descendió 0,6 puntos. Es decir, mientras otros países han tratado de aliviar la carga sobre sus economías, España ha elegido el camino de la asfixia fiscal.
La situación es aún más grave cuando se mide el esfuerzo real que soportan los contribuyentes en relación con su capacidad económica. El estudio concluye que los españoles afrontan una carga tributaria un 14,1% superior a la media europea. En los impuestos directos, principalmente el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, la diferencia alcanza el 16,5%.
El resultado es una economía en la que familias y empresas pagan más, pero reciben un entorno cada vez menos competitivo, con más burocracia y menos incentivos para crecer.
Las compañías españolas aparecen como uno de los grandes damnificados del modelo fiscal actual. En 2024, la fiscalidad empresarial representó el 33,9% de toda la recaudación tributaria en España, frente al 26% de media en la Unión Europea.
Medida sobre el PIB, la carga empresarial alcanzó el 12,5%, frente al 10,3% europeo. Además, entre 2018 y 2024, la presión fiscal sobre las empresas aumentó en España cinco veces más que en el conjunto comunitario.
El informe también subraya el peso de las cotizaciones sociales. Las empresas españolas destinan a este concepto el equivalente al 9,5% del PIB, muy por encima del 7,1% registrado en la UE. Este diferencial encarece la contratación, reduce márgenes, limita la inversión y dificulta la creación de empleo.
A la presión fiscal se suma la complejidad administrativa. El Índice de Complejidad Fiscal otorga a España una puntuación de 114,8 puntos, muy por encima de la media europea.
Las empresas españolas necesitan dedicar una mediana de 150 horas al año para preparar, presentar y pagar impuestos. En la Unión Europea la cifra baja a 113 horas y en la OCDE a 92 horas.
Este sobrecoste burocrático golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que disponen de menos recursos para asumir departamentos fiscales, asesoría permanente y obligaciones administrativas cada vez más exigentes.
El informe del IEE también advierte contra la propuesta de elevar al 21% el IVA aplicado a hoteles y restaurantes. El turismo representa el 12,6% del PIB español, genera cerca de 2,8 millones de empleos y aportó en 2024 un saldo positivo de 68.400 millones de euros.
Una subida fiscal de esa magnitud encarecería la principal exportación de servicios de España y podría desviar visitantes hacia destinos competidores como Grecia, Italia, Croacia o Turquía.