La decisión del Tribunal Supremo de impedir las devoluciones en caliente de los inmigrantes ilegales interceptados en el mar frente a Ceuta y Melilla ha encendido las alarmas entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La sentencia obliga a dejar de entregar de forma inmediata a Marruecos a quienes acceden a nado desde sus costas y exige tramitar un procedimiento ordinario de devolución, un cambio que Guardia Civil y Policía Nacional temen que provoque un aumento de las llegadas ilegales y termine por colapsar unos servicios que ya trabajan al límite.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha establecido que el denominado rechazo en frontera no puede aplicarse a quienes entran por mar porque, a diferencia de quienes superan las vallas fronterizas, no rebasan ningún «elemento de contención fronterizo». En consecuencia, anuló la devolución inmediata de un ciudadano argelino que fue interceptado por la Guardia Civil en noviembre de 2024 y entregado posteriormente a las autoridades marroquíes.
La resolución confirma el criterio que ya habían mantenido tanto un juzgado de Ceuta como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al considerar que estas devoluciones se realizaban sin procedimiento administrativo, sin resolución expresa y sin garantizar derechos como la asistencia letrada o la posibilidad de solicitar protección internacional.
La Guardia Civil deja de entregar inmigrantes a Marruecos
Las consecuencias de la sentencia ya se han dejado notar sobre el terreno. Desde que se conoció el fallo, la Guardia Civil de Ceuta ha dejado de devolver a la gendarmería marroquí a los inmigrantes interceptados en el mar, como venía sucediendo durante los últimos años.
Ahora, los nadadores rescatados son trasladados a dependencias policiales y posteriormente a los centros de estancia temporal de inmigrantes mientras se tramita su situación administrativa.
Fuentes de la Benemérita advierten de que este cambio puede convertirse en un potente efecto llamada. «Con el nuevo escenario que abre la decisión del Supremo, esto puede colapsar en cualquier momento», alertan.
La preocupación no es menor si se tiene en cuenta la presión migratoria que soporta Ceuta. Según los datos de la Delegación del Gobierno, durante 2025 se realizaron más de 10.000 rescates en el mar y, en algunos momentos del verano, llegaron a registrarse hasta 700 intentos de entrada a nado en una sola semana.
Además, las cifras del Ministerio del Interior reflejan que entre enero y junio de este año las entradas ilegales por vía terrestre —categoría en la que se incluyen mayoritariamente los inmigrantes que alcanzan las playas ceutíes a nado— aumentaron un 164%, hasta las 2.582 personas. Las asociaciones profesionales denuncian, sin embargo, que esas estadísticas no recogen todos los intentos frustrados por los agentes antes de que los inmigrantes alcancen la costa.
Los sindicatos exigen protocolos e instrucciones urgentes
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su secretario provincial en Ceuta, Rachid Sbihi, reclama que el Ministerio del Interior apruebe de inmediato protocolos claros de actuación para dotar de seguridad jurídica a los agentes destinados en la frontera marítima.
La organización considera que la sentencia genera importantes dudas operativas y sostiene que los guardias civiles necesitan instrucciones precisas para afrontar las intervenciones a partir de ahora. Por el momento, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se limita a señalar que «se está estudiando la sentencia».
El propio Supremo, no obstante, deja abierta una posible vía para recuperar las devoluciones en caliente en el futuro. La sentencia sostiene que la ley no limita los «elementos de contención fronterizos» únicamente a las vallas terrestres, por lo que, si algún día se instalaran barreras físicas en el mar para proteger la frontera, el régimen especial de rechazo podría volver a aplicarse a quienes las superaran.
La Policía avisa de un aumento de la burocracia
La Policía Nacional comparte el diagnóstico de la Guardia Civil. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierte de que la obligación de tramitar un expediente individual de devolución por cada inmigrante interceptado incrementará de forma considerable la carga de trabajo de las Brigadas de Extranjería y Fronteras.
Según el sindicato, la resolución supondrá más diligencias policiales, mayor burocracia, más tiempo de custodia y un importante incremento de las gestiones administrativas, lo que amenaza con desbordar unas unidades que ya denuncian falta de efectivos.
Por ello, el SUP ha reclamado un plan de choque urgente que incluya el envío inmediato de más agentes a Ceuta y Melilla, el refuerzo permanente de las plantillas y la autorización de servicios extraordinarios remunerados para evitar el colapso operativo.
Críticas a la inacción del Gobierno
Expertos en materia de extranjería consultados consideran que esta situación podría haberse evitado si el Gobierno hubiera modificado la regulación de las devoluciones en caliente durante la última reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en marzo de 2025 para establecer el reparto obligatorio de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas.
A su juicio, el Ejecutivo optó por no abordar una cuestión especialmente controvertida pese a que existía cobertura jurídica para hacerlo. Recuerdan que el Tribunal Constitucional avaló en 2020 el régimen especial de Ceuta y Melilla y que ese mismo año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró ajustadas a Derecho las devoluciones efectuadas por España tras el salto masivo a la valla de Melilla en agosto de 2014.
