España afronta una factura cada vez más asfixiante por su endeudamiento: el Estado pagó en 2025 un total de 36.500 millones de euros sólo en intereses, lo que equivale a unos 100 millones diarios sin reducir ni un sólo euro del volumen total de deuda, según informa Vozpópuli.
Los últimos datos del Banco de España sitúan la deuda pública en torno a los 1,7 billones de euros, una cifra que ha crecido en más de 355.000 millones en apenas cinco años, lo que supone un incremento cercano al 29%. Se trata de una tendencia sostenida que, lejos de corregirse, continúa al alza.
El grueso de este endeudamiento recae sobre la Administración Central del Estado, que concentra más del 93% del total, mientras que las comunidades autónomas acumulan cerca del 20%. La Seguridad Social también ha incrementado su peso en los últimos años, evidenciando la extensión del déficit estructural a distintos niveles de la administración.
Desde la Dirección General del Tesoro, dependiente del Ministerio de Economía, se cifra la deuda estatal en más de 1,54 billones de euros a febrero de 2026, con un crecimiento anual superior al 5%. Un ritmo que numerosos analistas consideran difícilmente sostenible en el medio plazo.
El impacto más inmediato de esta situación se refleja en el coste financiero. En la última década, España ha destinado cerca de 300.000 millones de euros únicamente a pagar intereses, una cifra que no reduce el capital adeudado y que limita el margen presupuestario para otras políticas públicas.
El coste medio de financiación se sitúa actualmente en torno al 2,36%, ligeramente por encima del registrado un año antes. Sin embargo, pequeñas variaciones en este porcentaje tienen un impacto millonario: una décima adicional supone aproximadamente 1.700 millones de euros más en gasto.
Además, casi la mitad de la deuda española está en manos de inversores extranjeros, lo que incrementa la exposición del país a los mercados internacionales. El Banco de España mantiene alrededor del 23%, mientras que el resto se reparte entre entidades financieras, aseguradoras e inversores privados.