La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha señalado que es «imposible» aplicar el acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Ejecutivo central y la Generalidad catalana, un pacto que, bajo su punto de vista, supone el principio de la «desaparición del Estado» si se extiende al resto de comunidades autónomas, a la vez que han vuelto a exigir la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Así lo han manifestado en un informe presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), donde han abundado que también implicaría la «desaparición» de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que quedaría «troceada» y «repartida» entre todas las regiones. Bajo su punto de vista, se romperían algunos principios «básicos» de la Hacienda española, como que el sistema de información ha de ser único, que debe existir una caja única y que la gestión de las retenciones se ha de hacer de forma «integrada».
En concreto, la gestión del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevista para 2026 resultaría «imposible» porque no es «realista», ya que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional y otra catalana. Con ello, la «rapidez» a la hora de realizar las devoluciones en las declaraciones de la renta caería de forma drástica.
Aunque han evitado dar cifras de lo que dejarían de ingresar las arcas públicas, sí han expuesto que, en base a los últimos datos disponibles, que se remontan a 2022, los impuestos catalanes suponen el 19,35% del total nacional. En este contexto, el pacto tendría «consecuencias» en la lucha contra el fraude fiscal, también por la diseminación de los datos al separar la hacienda española y la catalana.
