Un informe técnico del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha cuestionado la promesa de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de establecer un modelo de financiación singular para Cataluña sin perjudicar al resto de comunidades autónomas. El estudio concluye que, si se cumple con el principio de solidaridad y se garantizan recursos equitativos para la prestación de servicios públicos, la mejora para Cataluña sería de sólo 460 millones de euros anuales, una cifra muy alejada de los más de 20.000 millones que reclaman los partidos separatistas.
El informe plantea tres posibles vías para mejorar esa cifra: que el Estado asuma una mayor aportación (5.368 millones anuales), que el sistema incluya el principio de «ordinalidad» o que las comunidades forales como País Vasco y Navarra participen en la solidaridad del sistema con una aportación adicional de hasta 6.000 millones de euros. Solo en ese escenario, Cataluña podría alcanzar una mejora de 1.490 millones al año.
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que el nuevo modelo se hará «sin agravios», aunque los datos del Ivie apuntan a que esa intención es difícilmente conciliable con las demandas de Cataluña y la necesaria corrección de los desequilibrios actuales en regiones como Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, las más infrafinanciadas.
En este contexto, el Ivie ha recordado que ya en el sistema vigente, con una aportación extraordinaria del Estado de 11.000 millones en tiempos de Zapatero, las diferencias entre comunidades siguen siendo muy marcadas, con brechas de hasta 27 puntos entre la más y la menos financiada.
