Los sindicatos españoles afrontan una pérdida sostenida de afiliados que amenaza su capacidad de representación. Según los últimos datos recopilados por la OCDE, en 2023 apenas el 12,5% de los asalariados formaba parte de una organización sindical, una cifra que confirma una década de retroceso y que, de acuerdo con un informe reciente de Funcas, puede desembocar en que una parte creciente de la población trabajadora quede al margen de los mecanismos de diálogo social.
El dato no es coyuntural. En 2012 la tasa de afiliación alcanzaba el 16,7%, cuatro puntos más que ahora. De hecho, el registro actual es el segundo más bajo del siglo, sólo ligeramente por encima del 12,4% anotado en 2019. Si se amplía la perspectiva histórica, la situación tampoco resulta halagüeña: en el año 2000 la afiliación apenas llegaba al 14,8%. La única etapa de repunte apreciable se produjo entre 2009 y 2015, en plena crisis posterior al colapso financiero de 2008, cuando la tasa superó el 16%. Desde entonces, la tendencia ha sido descendente hasta situarse en los niveles actuales, coincidiendo con los años de Gobierno de Pedro Sánchez.
La comparación internacional refuerza el contraste. Mientras España se mueve en cifras próximas al 12%, países como Suecia mantienen tasas del 65,9% y en Italia rondan el 30%. Si se atiende a la encuesta del International Social Survey Programme, que utiliza una metodología distinta a la de la OCDE, el resultado tampoco mejora la posición española: la afiliación se sitúa en el 18%, ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza el 26,3%.
No obstante, la caída de la sindicación no es un fenómeno exclusivamente español. Salvo en los países escandinavos y Austria, la mayoría de Estados miembros presenta porcentajes inferiores al 20% según el ISSP. También Alemania ha registrado un descenso notable, desde el 22% en 2000 hasta el 14,1% en 2024, de acuerdo con la OCDE.
Las raíces del fenómeno en España se remontan a la configuración del sistema laboral tras la Constitución de 1978. Ya en 2002, los economistas Olivier Blanchard y Samuel Bentolila señalaron que el marco normativo ofrecía escasos incentivos para que los trabajadores se afiliasen. Entonces la tasa apenas alcanzaba el 14,6%.
Desde la aprobación de la Constitución, la afiliación nunca ha superado el 17% registrado en 1993. Muy lejos quedan los niveles de finales de los años setenta —38% en 1978 y 27% en 1979—, cuando todavía persistían elementos del anterior modelo sindical obligatorio. El sistema democrático consolidó un esquema en el que la cobertura por convenio colectivo está garantizada con independencia de la pertenencia a un sindicato y en el que la representatividad se determina por los resultados en elecciones sindicales, no por el número de afiliados. Según aquellos economistas, ese diseño redujo el atractivo de la afiliación.
El resultado es un escenario en el que las organizaciones sindicales conservan un papel constitucional relevante, incluida su participación en procesos de planificación económica y en la negociación normativa, pero cuentan con el respaldo directo de poco más de uno de cada diez trabajadores.
Funcas advierte además de un problema añadido: la brecha generacional y contractual. El informe subraya que la afiliación se concentra en trabajadores de mayor edad y trayectorias laborales estables, mientras los jóvenes y quienes encadenan empleos parciales o temporales permanecen en gran medida al margen.
Entre los asalariados de 25 a 44 años con contrato a tiempo completo, la tasa de sindicación se sitúa en el 18%. En la franja de 45 a 64 años asciende al 26%. La distancia se amplía cuando se analiza el empleo a tiempo parcial: solo el 10% de los trabajadores de 25 a 44 años con este tipo de contrato pertenece a un sindicato, frente al 24% entre los mayores de 45.
Este patrón coincide con un mercado laboral donde, tras la reforma de 2021, una parte significativa de los nuevos contratos corresponde a modalidades fijas-discontinuas o a tiempo parcial. En ese contexto, la afiliación tiende a concentrarse en perfiles consolidados, mientras amplios segmentos de jóvenes y trabajadores con menor estabilidad quedan fuera de las estructuras tradicionales.
Funcas concluye que esta dinámica compromete la sostenibilidad de la representación sindical a medio plazo y acelera el envejecimiento de la base afiliada. El contraste lo ofrecen los países nórdicos, donde el modelo sindical presenta una implantación más amplia e inclusiva.
En definitiva, el sindicalismo español se enfrenta a una erosión progresiva de su respaldo social. Y si las tendencias actuales se consolidan, la distancia entre las cúpulas sindicales y buena parte de los trabajadores seguirá ampliándose en los próximos años.
