A cierre de 2024, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana fue el departamento con menor nivel de ejecución de los 22 que conforman el Ejecutivo. Según datos de la Intervención General del Estado (IGAE), pese a los planes ambiciosos del Gobierno, sólo se reconoció el 32,7% de las obligaciones sobre el crédito disponible.

Desde el ministerio han asegurado que el 95,4% del presupuesto estaba comprometido y han explicado que la ejecución depende de que comunidades autónomas y entidades beneficiarias justifiquen los gastos para poder recibir los fondos. No obstante, el economista Diego Martínez López ha señalado que la «ejecución presupuestaria real es la que se traduce en pagos efectivos», a la vez que el consultor Alejandro Inurrieta ha definido el ministerio como un órgano «vacío» en términos ejecutivos.

Uno de los casos más significativos es el de la línea de crédito del ICO para vivienda social, dotada con 2.200 millones de euros en 2024. Aunque el convenio con el ICO se firmó en julio, a final de año no se había ejecutado ni un euro, según la IGAE. El instituto de crédito, sin embargo, asegura que ha aprobado ya 59 operaciones por valor de 726 millones, que han financiado más de 6.000 viviendas. Con estos datos, la ejecución podría alcanzar el 50%, aunque seguiría siendo la más baja de todo el Ejecutivo.

La cartera dirigida por Isabel Rodríguez ha subrayado que esta línea de crédito tiene un horizonte plurianual, hasta 2026, y atribuye la lentitud a la complejidad técnica y regulatoria del producto, que requiere aprobación europea y acuerdos con entidades financieras. Sin embargo, otros programas del ministerio también muestran bajos niveles de ejecución: ordenación de edificación (45,7%), rehabilitación de entornos residenciales (46,3%) o construcción de vivienda social (51,7%).