La economía española crece a un ritmo interanual del 2,8%, pero el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene la inversión pública en mínimos históricos y convierte a España en uno de los países de la eurozona que menos recursos propios destina a esta partida clave. Según los datos de la Comisión Europea, la inversión pública en España apenas alcanzará el año próximo el 3% del PIB, sólo por delante de Alemania, y será el país que menos recursos nacionales —es decir, ingresos fiscales propios— dedica a la inversión pública.
Si se eliminan los gastos extraordinarios, como el aumento del gasto militar, la inversión pública civil caerá incluso al 2% del PIB, por debajo de la media histórica española del 2,5% e incluso de los niveles de hace 40 años, cuando se alcanzaron cifras del 4% y el 5%.
Un informe de la Fundación BBVA confirma que el esfuerzo inversor público en España se desplomó a la mitad tras la Gran Recesión y sigue en niveles bajos pese al efecto de los fondos europeos. Entre 1995 y 2007, la inversión pública suponía de media un 3,8% del PIB. En 2022 ya había caído al 2,1%.
Fondos europeos para maquillar las cuentas
Paradójicamente, la Comisión Europea califica la orientación fiscal española como «expansiva», aunque no gracias al presupuesto ordinario sino a la llegada masiva de fondos europeos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este lunes, España recibió un nuevo pago de 22.926 millones de euros de Bruselas —casi 7.000 millones como transferencias a fondo perdido y cerca de 16.000 millones como préstamos— con lo que ya suma casi 55.000 millones de euros, el 70% de lo previsto.
Estos fondos son los que sostienen artificialmente la inversión pública y ayudan a contener el déficit presupuestario. Sin embargo, la AIReF advierte que este colchón se agotará progresivamente a partir de 2026.
Crecen los ingresos, cae la inversión
El Gobierno recorta inversión pública pese a contar con unos ingresos récord gracias al crecimiento económico, la no deflactación del IRPF y las transferencias europeas. España es, de hecho, el país que más partido saca a los fondos comunitarios. Bruselas advierte que esta política se verá presionada en los próximos años por la necesidad de aumentar el gasto en defensa en un contexto internacional «más incierto y peligroso».
Mientras tanto, el Gobierno sigue sin remitir a Bruselas el Plan Presupuestario para 2025, tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que oficialmente ni siquiera se conoce cuál será la orientación fiscal del año que viene.
En toda la eurozona, la inversión pública media se prevé en el 3,6% del PIB en 2026, frente al 3% en 2019, gracias sobre todo al gasto en Defensa. La Comisión Europea recomienda posturas fiscales neutrales, pero España vuelve a desmarcarse al sostener el crecimiento en base a fondos externos y no en una estrategia nacional de inversión.
España se convierte así en el ejemplo perfecto del modelo que critica Bruselas: una política expansiva financiada por la Unión Europea mientras los presupuestos propios recortan inversión civil a niveles que no se veían en décadas.
