La ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda se situó en el 4,6% durante los siete primeros meses de 2026, con 163,8 millones de euros efectivamente desembolsados de los 3.595 millones presupuestados, según avanza el diario Artículo 14.
Las cuentas de Vivienda muestran una baja ejecución de los recursos disponibles. Las obligaciones reconocidas —gastos comprometidos por la Administración aunque todavía no abonados— alcanzaron 886 millones de euros, el 24,6% del presupuesto. De esa cantidad, 722 millones permanecían pendientes de pago al cierre de julio.
La fotografía presupuestaria previsiblemente mejorará con los datos de agosto, cuando se incorporen los pagos correspondientes a los 800 millones transferidos a las comunidades autónomas dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. No obstante, el volumen de obligaciones reconocidas hasta julio refleja las dificultades para transformar los créditos presupuestarios en actuaciones ejecutadas.
Transferencias a las comunidades
Una parte importante de la explicación se encuentra en la propia estructura del presupuesto. Prácticamente la totalidad de los recursos del Ministerio se concentra en transferencias de capital, por importe de 2.061 millones de euros, y activos financieros, fundamentalmente préstamos, por otros 1.360 millones.
La ejecución de buena parte de estas partidas depende de los convenios y procedimientos administrativos con las comunidades autónomas.
Desde el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez atribuyen parte de la situación al reparto competencial. El Departamento sostiene que determinadas transferencias no pueden contabilizarse como ejecutadas hasta recibir la correspondiente certificación de las comunidades. De esta forma, los fondos pueden figurar como comprometidos aunque hayan sido previamente asignados.
Los datos definitivos de 2024 ya mostraron esta dificultad. Aquel ejercicio, el último con cifras cerradas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la ejecución de Vivienda alcanzó el 32,4%. El presupuesto disponible había aumentado un 20%, desde 3.482 hasta 4.175 millones, pero los pagos efectivos fueron de 1.354 millones.
En 2025, los datos provisionales apuntan a una ejecución del 95,8%, aunque el resultado estuvo condicionado por un ajuste de los créditos definitivos. En septiembre, el presupuesto asignado ascendía a 6.358 millones y la ejecución era únicamente del 7%. Finalmente, los créditos definitivos quedaron en 4.989,7 millones, un 21,5% menos.
Préstamos y vivienda de alquiler
En 2026, una de las principales partidas corresponde al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 2.000 millones para actuaciones de rehabilitación y recuperación de entornos residenciales.
Dentro de este capítulo figura una línea de préstamos de 1.100 millones que, según los datos hasta julio, no registraba gasto comprometido. En la partida de 500 millones destinada a la construcción de viviendas de alquiler, los desembolsos alcanzaban 23,24 millones, el 4,65%.
El Ejecutivo también ha anunciado para septiembre la activación de más de 12.000 millones en préstamos del ICO destinados a la construcción de vivienda asequible, dentro del fondo España Crece.
La evolución de estos programas tendrá además que reflejarse en la justificación ante la Unión Europea de los fondos europeos finalizados el pasado 31 de agosto.
En paralelo, el objetivo inicial de construir 25.000 viviendas se ha revisado hasta algo más de 17.365 viviendas sociales en alquiler construidas o rehabilitadas, según la última revisión del Plan. El Ministerio sitúa actualmente el parque público de vivienda en el 3,4%, frente al 2,5% anterior, aunque su propia referencia europea alcanza el 8%.
