Uno de cada tres españoles llega con muchas dificultades a fin de mes y el 70% de la población se ha visto obligado a reducir gastos durante los últimos cinco años. Es la radiografía de una España real que contrasta con el triunfalismo económico del Gobierno de Pedro Sánchez, que presume de crecimiento mientras millones de trabajadores pierden poder adquisitivo, según informa El Debate.

Así se desprende de una encuesta encargada por USO a la empresa IO Investigación para medir la percepción de los trabajadores sobre su capacidad de compra. El estudio refleja que, aunque siete de cada diez empleados han visto subir su salario en los últimos cinco años, esas subidas no han bastado para compensar la inflación.

Sólo el 32% afirma que su sueldo se ha actualizado al menos tres veces en ese periodo. El resultado es que el 70% de los trabajadores considera que su incremento salarial ha sido inferior a la subida de los precios.

La consecuencia es directa: apenas un 20% de la población llega a fin de mes con holgura, mientras que un 46% lo hace de forma ajustada y un tercio reconoce tener serias dificultades. La pérdida de poder adquisitivo ya afecta incluso a lo más básico, con hogares que compran menos alimentos o productos de peor calidad que hace cinco años.

«Eso es inconcebible y el peor ejemplo de que existe pobreza salarial», ha denunciado Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Cuando los hogares ya han reducido el gasto esencial, llegan nuevos recortes. Casi el 60% de los españoles gasta hoy menos en ocio y uno de cada cuatro ha recortado mucho esta partida desde 2021. La crisis también se refleja en el consumo energético: sólo el 11% mantiene el mismo consumo que hace cinco años.

Entre quienes han reducido su gasto en energía, la medida más habitual es limitar el uso de la calefacción o del aire acondicionado. Más de la mitad de la población ha tenido que aplicar ese recorte.

«Los salarios de hoy no permiten mantener lo más básico para vivir. De nuevo hablamos de pobreza salarial si tenemos que asumir que un hogar en el que al menos hay una persona trabajadora en activo no puede poner la calefacción o el aire acondicionado lo que considere necesario para su bienestar», ha señalado Pérez.

La vivienda aparece como otro factor decisivo del empobrecimiento. Casi la mitad de los españoles que viven de alquiler no llega bien a fin de mes, en un contexto de precios disparados y una oferta cada vez más insuficiente.

Para USO, las tres urgencias son claras: salarios, reforma fiscal y un pacto de Estado por la vivienda. Tener una vivienda en propiedad se ha convertido, según el sindicato, en una de las pocas garantías para llegar con cierta estabilidad a final de mes. Ni siquiera tener trabajo asegura ya esa tranquilidad si se depende de una hipoteca variable o, especialmente, del alquiler.

La encuesta también muestra que el crédito y el aplazamiento de pagos han dejado de ser soluciones excepcionales. La mitad de los trabajadores ha tenido que recurrir en los últimos dos años a algún tipo de financiación externa para llegar a fin de mes o afrontar imprevistos.

A esta pérdida de poder adquisitivo se suma el golpe fiscal del llamado «impuesto fantasma»: la decisión del Gobierno de no deflactar la tarifa del IRPF pese a la inflación. Esta progresividad en frío provoca que los contribuyentes paguen más impuestos aunque sus ingresos reales no hayan mejorado.

Según un informe del Instituto Juan de Mariana, un trabajador que gana 30.000 euros brutos anuales paga unos 800 euros más de IRPF de lo que abonaría si los tramos se hubieran actualizado con la inflación. En el caso de una familia con dos cónyuges con ese nivel retributivo, la pérdida asciende a unos 1.600 euros.

Para salarios de 50.000 euros, el sobrecoste fiscal sería de unos 1.400 euros anuales por trabajador. El informe también advierte de que las familias con hijos, aunque pagan menos IRPF en términos absolutos por los mínimos familiares, son precisamente las que más sufren el impacto relativo de la progresividad en frío.

«La propaganda oficial no tiene nada que ver con la realidad», sostiene el Instituto Juan de Mariana, que denuncia que la inflación ha empobrecido especialmente a quienes menos tienen mientras el Estado ha incrementado su recaudación sin someter ese aumento fiscal a debate parlamentario.