La Fiscalía Europea mantiene abiertas 3.602 investigaciones por fraude en la Unión Europea con un impacto estimado de 67.270 millones de euros, según su último informe anual. Más de dos tercios de esa cantidad están vinculados al fraude en el IVA y en los derechos de aduana, un ámbito que, según la propia institución, está ganando peso frente al uso indebido de subvenciones y fondos europeos.
El documento, que analiza la actividad de 2025, refleja un incremento significativo de la actividad investigadora. Sólo el pasado año se abrieron 2.030 nuevas investigaciones, un 35% más que en 2024, con un impacto estimado de 48.700 millones de euros.
La fiscal general europea, Laura Kövesi, ha advertido de que el fraude en IVA y aduanas genera «beneficios muy elevados con riesgos relativamente bajos», lo que estaría transformando el ecosistema criminal en la UE y desplazando otras actividades ilícitas tradicionales.
Aunque los expedientes relacionados con el uso indebido de fondos europeos representan el 68% de las investigaciones activas —2.450 casos— su impacto económico asciende a 18.670 millones de euros, el 27% del total estimado. En cambio, los delitos ligados al IVA y a las aduanas suponen el 27% de los casos abiertos —981 investigaciones— pero concentran el 67% del perjuicio económico total.
El informe también pone el foco en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pieza central del plan NextGenerationEU, con 512 investigaciones activas relacionadas con posibles irregularidades en este instrumento, cuyo elevado volumen de pagos mantiene el riesgo de fraude en niveles significativos.
En España, la Fiscalía Europea tiene 97 investigaciones abiertas, con un daño estimado de 796,2 millones de euros. De ellas, 57 se iniciaron en 2025 tras la recepción de 108 denuncias. Veintitrés están vinculadas a tramas de fraude fiscal relacionadas con el IVA y los derechos de aduana, y 22 presentan dimensión transfronteriza.
En el plano judicial, la tasa de condena en los casos tramitados por la Fiscalía Europea ronda el 95%. Durante 2025 se presentaron 275 acusaciones formales —un 34% más que el año anterior— contra 1.438 personas ante tribunales nacionales.
Los jueces autorizaron órdenes de embargo por valor de 1.130 millones de euros, aunque los activos efectivamente bloqueados ascendieron a 288,9 millones. La institución recibió además 6.966 denuncias a lo largo del año, un 6% más que en el ejercicio anterior.
Las cifras reflejan la magnitud del fraude que afecta a las arcas comunitarias en un contexto de creciente complejidad financiera y de expansión de los instrumentos presupuestarios europeos.
