España registra la mayor tasa de pobreza infantil de la última década, según el indicador agrupado AROPE, que sitúa en 34,7% a los menores de 16 años en riesgo de pobreza o exclusión social, el nivel más alto desde 2015, pese al crecimiento económico de los últimos años. El fenómeno se explica por la situación de los hogares donde viven estos niños, especialmente marcada por la fragilidad de las familias con hijos y por la brecha entre población autóctona y extranjera.

Los datos revelan una realidad incómoda para el relato oficial: mientras la pobreza retrocede en todos los grupos de edad, solo aumenta entre los menores. Y lo hace con una intensidad desconocida en Europa, donde España destaca por un patrón anómalo. Las familias con hijos sufren carencias materiales y sociales más altas que otros grupos, algo que no se observa en el resto del continente. A ello se suma una de las mayores brechas de pobreza entre población autóctona y extranjera de la UE. Con una natalidad desplomada entre las españolas (1,1 hijos por mujer), los hogares con niños presentan una sobrerrepresentación de población extranjera.

Durante la fuerte ola inmigratoria de principios de siglo, el auge económico reducía la pobreza en paralelo. Ahora esa relación se ha roto. Hoy, España encabeza la lista europea de hogares con hijos sometidos a privaciones severas. De hecho, el país muestra una situación inédita: estos hogares resultan más pobres que los jubilados según los indicadores subjetivos de bienestar. La pobreza material es 4,2 puntos superior en una familia de dos adultos con hijos respecto a la de un solo adulto de 65 o más años. En la UE ocurre lo contrario: los mayores presentan más privación.

«Hay una excepción en el caso español y la tasa de pobreza de los hogares con menores es más alta de lo que podríamos esperar. Es bastante llamativo que estas familias, a pesar de tener dos progenitores, registren tanta pobreza», señala la profesora de la UNED y directora de estudios sociales de Funcas, María Miyar, durante un debate organizado por el centro de estudios.

La composición de los hogares explica gran parte de esta brecha. El 16,6% de los adultos nacidos en el extranjero que residen en España sufre privación material y social grave, frente al 5,6% de los nacidos en el país. En cambio, entre los mayores de 65 años, solo el 8,7% procede del extranjero. En las edades medias —los padres actuales de niños menores de 16 años— la proporción sube al 28,5%.

A ello se suma el distinto comportamiento de las rentas. Las pensiones, revalorizadas al menos con la inflación, actúan como escudo frente a la pobreza en los mayores. En cambio, los salarios continúan sin recuperar por completo el poder adquisitivo perdido tras la crisis inflacionaria iniciada en 2021. Los trabajadores extranjeros aparecen más concentrados en sectores con sueldos bajos, por lo que el golpe ha sido más intenso.

El acceso a la vivienda también marca diferencias evidentes. Los mayores suelen ser propietarios, mientras que los hogares jóvenes —y especialmente los extranjeros sin apoyo familiar en el país— cuentan con menos opciones. Con ello, el repunte del empleo deja de traducirse en mejora real de las condiciones de vida y alimenta lo que Cáritas describe como una creciente fragmentación social. Por primera vez, más empleo y más crecimiento no implican menor pobreza material.

España sigue a la cola en ayudas a familias

El país arrastra otra debilidad: el bajo nivel de gasto público destinado a familias e infancia. Eurostat confirma que España dedica solo el 1% del PIB a prestaciones como ayudas por hijos, apoyo escolar o permisos parentales, frente al 1,9% de la media europea.
En cambio, el gasto en pensiones prácticamente iguala al europeo: 10,2% frente a 10,4%, lo que evidencia un amplio margen de mejora en políticas dirigidas a hogares con menores.

Las prestaciones de exclusión social (con el IMV como referencia) han aumentado hasta el 0,7% del PIB, apenas tres décimas por debajo de la media comunitaria. El complemento por infancia ha ampliado su cobertura, pero el non take up continúa cerca del 72%, según la AIReF.

Los economistas advierten de fallos estructurales

Los especialistas coinciden en que el problema no se resuelve con simples ajustes administrativos. El núcleo reside en factores estructurales. Según Miyar, España mantiene bajos niveles de productividad, lo que impide que los salarios alcancen niveles suficientes. «Por muchas quejas que formulemos no acabamos de mejorar y no hay un plan concreto para mejorar el modelo productivo ni los salarios más bajos», afirma.

Miguel Ángel Malo, profesor de economía de la Universidad de Salamanca, añade que el país combina políticas laborales poco efectivas con un sistema de redistribución que reduce muy poco la desigualdad: apenas un 2,8%, muy por debajo de otros países europeos.

Sobre el salario mínimo interprofesional, la asesora de la Agencia Tributaria Milagros Paniagua lo considera una herramienta «positiva», aunque insuficiente si buena parte del sueldo termina destinándose a la vivienda. Además, no está orientado a reducir la pobreza infantil.

Miyar propone aliviar cargas a los empleadores en los salarios más bajos para facilitar que quienes trabajan pocas horas accedan a contratos con mayor intensidad laboral.