Imán El Akel, presentada en círculos de la diáspora marroquí como la mano derecha en España del primer ministro Aziz Akhannouch, fue candidata del PSOE al Ayuntamiento de Marbella en 2023 y, dos años antes, acudió en Málaga a protestas contra la acogida de Brahim Ghali que el CNI atribuyó a una movilización impulsada por la inteligencia exterior de Rabat. El caso, entonces tratado como una rareza local, ha vuelto al centro del debate tras la entrada de más de 80.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio y el choque entre la versión del Gobierno y los informes policiales que apuntan a Marruecos.
El 18 de mayo de 2021, El Akel se concentró ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga para denunciar la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario. Declaró a la agencia oficial MAP que se trataba de «un gesto inamistoso» y de una iniciativa que «pisotea los compromisos» entre ambos países. Pidió que la Justicia española enviara «a este asesino detrás de los barrotes». Una nota del CNI del 24 de junio de 2021 sostenía que aquellas protestas no fueron espontáneas: los servicios marroquíes, en concreto la DGED, se activaron para movilizar a la colonia y a su entramado asociativo. El documento no decía que cada manifestante fuera agente; sí describía una campaña orquestada desde Rabat.
En 2023, esa misma mujer ocupó el puesto 14 de la lista del PSOE de Marbella, encabezada por José Bernal y presentada por Patxi López. En la web del RNI, el partido de Akhannouch, figuraba como coordinadora para España y miembro del comité de derechos humanos y mujer. En 2019 había hablado en un acto del RNI en Madrid con el propio Akhannouch a su lado. El PSOE local la defendió por su labor «social y humanitaria» y negó que militara en el partido marroquí, pese a su ficha pública. El Akel no salió elegida: el PSOE pasó de diez a ocho concejales.
Tres años después, la Fundación Disenso ha rescatado ese episodio como el ejemplo más explícito de una estrategia más amplia: meter cuadros afines a Rabat en la política española. El hilo ha coincidido con la peor crisis fronteriza de Ceuta en décadas. Entre el 30 y el 31 de julio cruzaron de forma ilegal unas 80.000 personas, la mayoría a nado por el espigón del Tarajal. Hubo decenas de muertos. Pedro Sánchez habló de «violación» y «ataque a la integridad territorial», pero no señaló a Marruecos. Atribuyó la invasión a una lectura interesada de las mafias sobre una sentencia del Supremo que limitaba las devoluciones en caliente y agradeció la «cooperación» de Rabat para devolver a más de 63.000 personas en 72 horas.
Esa versión ha quedado en solitario. Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón describe planificación previa, «guiado activo» de fuerzas marroquíes y un objetivo de saturar la frontera para «eliminar la capacidad de respuesta de España». Incluye decenas de fotografías de agentes uniformados y de paisano organizando el acceso. El 90,8% de los móviles analizados en la movilización digital tenía prefijo marroquí. El documento descarta que las mafias conocidas tuvieran capacidad para una operación de esa escala y compara la pasividad de la gendarmería el 30 y 31 de julio con el control férreo que ejerció el 15 de agosto, cuando sí evitó una segunda oleada.
Interior ha intentado matizar el alcance: el director general de la Policía comunicó a Fernando Grande-Marlaska que ningún informe atribuye de forma expresa a las fuerzas marroquíes la «planificación o ejecución» institucional. El Gobierno sostiene que el CNI, con fuentes sobre el terreno, no confirma esa autoría. Este lunes, sin embargo, la juez Tardón ha abierto causa y ha recogido la propia frase de Sánchez: los hechos vulneraron la integridad territorial de España. En el auto apunta a la «permisividad» y a una «gestión favorecedora» de Marruecos.
La pregunta que recorre el Congreso es por qué el presidente no confronta a Rabat. Sánchez respondió el 3 de septiembre con una palabra: prudencia. Dijo ser consciente de «dudas» e «indicios», reconoció que durante diez horas la gendarmería «permitió el cruce» y añadió que, «a día de hoy», los servicios de inteligencia descartan que Marruecos diseñara o ejecutara la operación: «digo de momento». Prometió «contundencia» si aparecen «pruebas sólidas». Explicó también lo que no quiere hacer: «Desencadenar un conflicto diplomático de primer orden». Sin Rabat, argumenta Moncloa, no hay retornos masivos ni control de la frontera. Ceuta sigue dependiendo de esa cooperación para sacar de las calles a quienes permanecen.
Esa dependencia no nació en julio. En 2021, otra avalancha —más de 10.000 entradas— coincidió con la hospitalización de Ghali. La crisis se cerró meses después con el giro histórico de Sánchez sobre el Sáhara: España pasó a respaldar el plan de autonomía marroquí. Desde entonces, la relación con Mohamed VI se ha convertido en un eje de la política exterior y migratoria del PSOE. A esa arquitectura se suman episodios que la oposición presenta como red de influencia: viajes y negocios de dirigentes socialistas en Marruecos, el lobby de antiguos cargos para productos agrarios marroquíes en Bruselas, el espionaje con Pegasus al propio presidente y la presencia de perfiles como El Akel en listas municipales.
