La Ley de Vivienda aprobada la anterior legislatura por el Gobierno de PSOE y Podemos, ha encarecido el pecio de los alquileres en prácticamente todas las regiones de nuestro país. También redujo la oferta en el mercado de arrendamientos ante el miedo de algunos propietarios a no poder expulsar a inquilinos que dejen de pagar. En Vizcaya, según El Correo, la firma de alquileres se ha reducido un 20% en el último año.
La misma información explica cómo las agencias constatan que muchos propietarios optan por convertir sus inmuebles en alojamientos turísticos o firmar por menos de un año para esquivar la norma. En el tercer trimestre del 2022 se firmaron 2.623 contratos de alquiler. En el mismo periodo de 2023 se firmaron 2.113 alquileres en Vizcaya, lo que representa un descenso de casi el 20%.
Además, la oferta de viviendas disponibles para alquilar se habría reducido en este ejercicio un 75%. Los propietarios, ante la imposibilidad de expulsar a inquilinos que no paguen y se declaren vulnerables optan por vender o directamente dejar de alquilar. Otros recurren a alternativas como el alquiler corto o el turístico, no sólo en Vizcaya.
Esta última preocupa al Gobierno hasta el punto de que el 18 de marzo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que se está «trabajando», junto al Ministerio de Industria y Turismo, que es la cartera competente en la materia, para definir los apartamentos turísticos como una actividad económica.
Con esto, Rodríguez indicaba que se busca seguir los pronunciamientos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno a cómo se han de regularse estos alquileres en el ámbito de la propiedad horizontal. Y es que el Ejecutivo no piensa permitir que se pueda esquivar su legislación.
