Las compañías eléctricas llevan meses reclamando al Gobierno una revisión de las condiciones incluidas en la nueva Planificación Energética, que abarcará el periodo 2026-2031. Según fuentes del sector, este nuevo marco ha buscado agilizar los procesos de evaluación para validar mejoras en los proyectos, al tiempo que establecerá las bases para fomentar las actividades de transporte y distribución eléctrica.
En esta planificación se han abordado todos los detalles relacionados con la red eléctrica, con especial atención a las inversiones necesarias para reforzar la infraestructura y evitar fallos en el sistema. En este contexto, una de las prioridades del sector es destinar una inversión significativa que permita prevenir incidentes como el ocurrido el pasado lunes.
Por ello, actualmente se están debatiendo los pilares del nuevo plan, que deberá aprobarse el próximo año. Una de las demandas más insistentes por parte de las eléctricas se centra en el nivel de inversión que debe destinarse a las redes, en función del crecimiento de las renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha mostrado su disposición a aumentar los límites de inversión en transporte y distribución, aunque advierte que vigilará de cerca para contener los peajes y así evitar un encarecimiento en la factura de la luz para los consumidores.
Asimismo, el Gobierno prevé una inversión aproximada de 52.360 millones de euros, una cifra que las eléctricas consideran insuficiente. Fuentes del sector insisten en que el Ejecutivo tiene la «obligación de aumentar esta cantidad», argumentando que en un escenario donde la electrificación de la economía es ya una realidad, la red debe ser mucho más robusta.
