El gasto corriente del sector público español mantiene una senda ascendente que amenaza con convertirse en estructural. Según las previsiones actualizadas que cita Vozpópuli, las nóminas de políticos, funcionarios y empleados públicos costarán en 2025 unos 183.000 millones de euros, una cifra récord que podría superar los 200.000 millones en 2027, coincidiendo con el final del nuevo pacto salarial firmado con los sindicatos, que garantiza subidas superiores al 11% en cuatro años, por encima del objetivo de inflación del 2% marcado por Bruselas.

El peso de estas remuneraciones equivale ya al 25% del gasto público total —e incluso más del 30% si se incluyen los gastos corrientes destinados al mantenimiento de las Administraciones— y supone más del 60% de todos los ingresos tributarios. En la práctica, el coste del personal público consume por completo la recaudación del IRPF y una parte muy relevante del IVA. Además, supera incluso el gasto anual en pensiones contributivas, que perciben diez millones de personas, frente a los 3,5 millones de empleados públicos oficiales.

En términos de PIB, esta carga alcanzará más del 11% a final de año, un punto más que en el inicio de la crisis de 2007. Pero ni siquiera esa cifra refleja el coste real del sector público: numerosas partidas se han ido extrayendo del Capítulo I presupuestario y camuflando en otros capítulos. Las dietas e indemnizaciones de cargos electos —exentas de tributación— se esconden en el Capítulo II; las pensiones de Clases Pasivas, cercanas a 21.000 millones, se pagan con impuestos y figuran en el Capítulo IV. Sumándolo todo, la masa salarial real superará los 225.000 millones en 2025.

El volumen de personal también desmiente las cifras oficiales: lejos de los 3,5 millones de empleados públicos que recoge la EPA, el dato real se acerca a 3,8 millones, ya que coexisten más de 3,1 millones de afiliados y casi 700.000 funcionarios del régimen de Clases Pasivas.

Las cifras adelantadas hasta agosto muestran la magnitud del problema: 116.000 millones en gasto de personal sin aplicar aún la subida salarial pendiente de 2024. El ritmo de crecimiento es inercial: sólo por deslizamientos, nuevos complementos y contrataciones, sin necesidad de incrementos salariales directos.

Las comunidades autónomas lideran el gasto, con más de 100.000 millones en 2023 y previsión de 114.000 millones en 2025. Los ayuntamientos rozarán los 33.000 millones y la Administración Central los 31.000 millones, reflejo del crecimiento del entramado ministerial. Algunas autonomías, como Baleares, registran incrementos salariales del 7,7%, muy por encima de la media nacional.