La pensión media en España ya representa el 88% del salario medio de los trabajadores, una aproximación que refleja la creciente tensión financiera del sistema público de pensiones. Mientras las prestaciones han subido con fuerza durante los últimos años, los salarios y las bases de cotización han avanzado a un ritmo considerablemente menor, según recoge Vozpópuli.
Así se desprende del estudio Las cuentas del sistema público de pensiones en el periodo 2018-2025, elaborado por el investigador de Fedea Miguel Ángel García para el Instituto Santalucía. El análisis incluye tanto el sistema de la Seguridad Social como el Régimen de Clases Pasivas, al que pertenecen determinados funcionarios que comenzaron a cotizar antes de 2011.
La llegada a la jubilación de trabajadores con carreras de cotización más largas y salarios históricos más elevados, unida a la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC, ha impulsado notablemente la cuantía media de las prestaciones.
Desde 2018, la pensión media ha pasado de 1.074 a 1.497 euros mensuales, lo que supone un crecimiento cercano al 40%. Durante el mismo periodo, la base media de cotización aumentó desde 1.772 hasta 2.269 euros, un 28%. Las pensiones, por tanto, han crecido doce puntos más que los ingresos utilizados para financiarlas.
Las prestaciones se acercan a los salarios
García considera que la proximidad entre la pensión y el salario medios evidencia la presión soportada por un modelo de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las prestaciones de quienes ya se han jubilado.
Los regímenes incluidos en el informe presentan, además, cuantías especialmente elevadas. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media del Régimen General alcanzó en mayo los 1.731,70 euros mensuales, 159 euros por encima del promedio del sistema. En el Régimen de Clases Pasivas, la prestación media ascendió hasta los 2.390 euros al mes.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal —AIReF— situó en 2025 la denominada tasa de generosidad del sistema en el 68,4%. Este indicador compara la pensión media con el salario medio y permite medir qué proporción de los ingresos laborales mantiene una persona tras jubilarse.
La AIReF prevé que esa tasa comience a disminuir a partir de 2030, cuando los salarios podrían crecer por encima de la inflación gracias a una mejora de la productividad. Sus proyecciones apuntan a que la relación podría descender hasta el 60% en 2050.
Uno de cada cinco euros procede de transferencias públicas
El aumento de las cotizaciones permitió ingresar 11.344 millones de euros adicionales en 2025, impulsado por el crecimiento de la afiliación, el incremento de las bases y la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional —MEI—.
Sin embargo, la segunda partida que más creció fueron las transferencias del Estado, que aumentaron en 4.728 millones, un 11% respecto al ejercicio anterior. Estas aportaciones representan ya el 20% de todos los recursos del sistema de la Seguridad Social.
Pese al crecimiento del empleo y a las cifras récord de afiliación, los ingresos continuaron siendo inferiores a los gastos. El sistema cerró 2025 con un déficit de 7.352 millones de euros, aunque la cantidad fue inferior a la registrada el año anterior.
El investigador advierte de que el déficit presentado oficialmente por el Ministerio refleja sólo «una pequeña parte del desequilibrio del sistema». Según el informe, las cuentas oficiales dejan fuera el gasto correspondiente a Clases Pasivas, computan los ingresos acumulados en la denominada «hucha de las pensiones» y consideran como ingresos ordinarios las transferencias realizadas por el Estado.
Casi 57.000 millones al margen de las cotizaciones
La Seguridad Social recibió también en 2025 un préstamo estatal de 10.003 millones de euros, una cantidad superior al déficit contable del sistema. El informe apunta a que estos recursos pudieron utilizarse para trasladar al Fondo de Reserva la recaudación obtenida mediante el MEI.
En conjunto, el sistema necesitó durante el pasado ejercicio 56.946 millones de euros procedentes de transferencias y préstamos del Estado, equivalentes al 3,4% del producto interior bruto, para hacer frente a sus obligaciones.
La cifra revela la creciente dependencia de recursos distintos a las cotizaciones sociales en un momento en el que España registra máximos históricos de afiliación y cuando la mayor parte de la generación del «baby boom» todavía no ha alcanzado la edad de jubilación.
El desequilibrio anticipa una presión todavía mayor durante los próximos años, a medida que millones de trabajadores nacidos durante las décadas de mayor crecimiento demográfico abandonen el mercado laboral y pasen a cobrar una pensión.
