El sector del transporte de mercancías por carretera ha elevado la presión sobre el Gobierno y amenaza con convocar un paro indefinido si el Ejecutivo no atiende sus reclamaciones para garantizar que los profesionales puedan trabajar sin pérdidas.
La Plataforma en Defensa del Transporte ha registrado ante el Ministerio de Transportes un proyecto de Real Decreto con medidas urgentes, entre ellas la utilización del Observatorio de Costes del Ministerio como referencia oficial para evitar que los servicios se contraten por debajo de los costes reales de explotación.
La organización que preside Manuel Hernández sostiene que no pretende establecer una tarifa mínima, sino crear mecanismos de control y sanción cuando se acredite que una operación se realiza a pérdidas. Entre los costes que deberían tenerse en cuenta figuran la financiación, amortización, mantenimiento y reparación de los vehículos, además de seguros, peajes y combustible.
«No podemos seguir trabajando sin cubrir todos los costes reales», afirmó Hernández este jueves. El dirigente considera que los transportistas están sufriendo una presión adicional por el incremento del precio de los carburantes registrado desde el inicio de la crisis energética vinculada al conflicto en Oriente Medio.
Los transportistas reclaman ahora controles sobre los márgenes de los intermediarios y cargadores, a los que responsabilizan de trasladar la presión sobre los costes hacia las empresas que realizan materialmente los servicios.
La Plataforma también denuncia que algunos profesionales no han recibido, o no han cobrado íntegramente, las ayudas extraordinarias aprobadas para compensar el encarecimiento del combustible. La normativa vigente mantiene durante septiembre una ayuda que puede alcanzar los 20 céntimos por litro de gasóleo para determinados transportistas.
Sin embargo, Hernández sostiene que las subvenciones no solucionan el problema estructural. A su juicio, si el cargador descuenta de las tarifas el importe de la ayuda, el transportista vuelve a asumir prácticamente la totalidad del incremento del combustible.
La tensión se produce además en vísperas de la reunión del sector con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para abordar el nuevo paquete de medidas de apoyo. La Plataforma no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), lo que ha profundizado el enfrentamiento con la patronal.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha reclamado también la continuidad de las ayudas y medidas que permitan compensar el aumento de los costes. La organización ya había solicitado al Gobierno agilizar el abono de los 20 céntimos por litro y mantener mecanismos de apoyo ante la escalada del combustible.
El precedente más cercano se remonta a marzo de 2022, cuando un paro de 21 días provocó problemas de abastecimiento y fuertes repercusiones sobre la actividad industrial. Aquel conflicto terminó con nuevas medidas, entre ellas la revisión de los precios del transporte vinculada a la evolución del combustible.
El Gobierno modificó posteriormente el sistema de revisión de precios para reforzar la repercusión de las variaciones del gasóleo sobre los contratos de transporte. El Real Decreto-ley 9/2026 introdujo además una fórmula dinámica para actualizar automáticamente los precios cuando se producen variaciones significativas del combustible.
Ahora, la Plataforma reclama nuevas garantías y advierte de que la respuesta del Gobierno determinará si finalmente convoca un paro indefinido. La patronal, por su parte, defiende nuevas medidas de apoyo económico y rechaza el enfrentamiento promovido por Hernández.
