La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año trae significativas novedades en cuanto al mercado laboral español, respecto a la ocupación de los inmigrantes. Según recoge el portal económico Invertia, se ha dado un deterioro significativo en un contexto marcado por la desaceleración de la actividad económica. Aunque este periodo suele registrar caídas estacionales del empleo, la magnitud del descenso observado introduce una gran debilidad estructural.
Y es que entre enero y marzo, el número de ocupados se redujo en 170.300 personas. De esta caída, 111.300 correspondieron a trabajadores españoles —incluyendo doble nacionalidad—, mientras que 59.000 fueron extranjeros. Paralelamente, el incremento de la población activa estuvo impulsado exclusivamente por la incorporación de trabajadores inmigrantes, con 65.800 nuevos activos, frente a una reducción de 4.600 entre los nacionales.
Este desajuste entre oferta y demanda de empleo se tradujo en un aumento sustancial del paro entre la población inmigrante. En concreto, el número de desempleados en este colectivo creció en 124.800 personas, hasta alcanzar los 731.900 parados. La tasa de paro de los inmigrantes se elevó al 17,23%, muy por encima del 9,5% registrado entre los españoles y también superior a los niveles del año anterior.
El comportamiento sectorial muestra caídas relevantes en ramas como comercio, transporte, información y comunicaciones, así como en hostelería y administración pública. Estas reducciones no pudieron ser compensadas por incrementos en actividades como educación, sanidad o construcción.
En términos agregados, la población extranjera mayor de 16 años asciende a 6,2 millones, de los cuales 4,24 millones son activos y 3,51 millones están ocupados. Junto a los desempleados, existe además un volumen de 1,95 millones de inactivos. Este contexto coincide con el proceso de «regularización» de Sánchez.
