Los contratos menores no son cosa menor. Desde hace tiempo se han convertido en uno de los recursos más utilizados por la Administración. La falta de fiscalización y transparencia hace que ayuntamientos, comunidades y el propio Gobierno de España disfruten de rápidas adjudicaciones. Bajo el pretexto de reducción de la burocracia, muchos de estos contratos eluden el concurso público. En lo que llevamos de año, ya son más de 34.500 dedazos de la Administración.
Regulados por el artículo 118 de la Ley 9/2017, los contratos menores son aquellos «de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios». En esta franja de valores, desde comienzo de 2020 hasta ahora, la Administración ha ejecutado más de un millón de contratos menores por obras, según adelanta The Objective.
Estos datos evidencian el mecanismo de diferentes administraciones, de todos los niveles, por el que quedan eludidas las exigencias del concurso público. Una vez finalizado el plazo de concurso para contratos menores, la Administración puede adjudicarlos «a dedo» a cualquier empresario con capacidad de obrar. La acumulación de estos contratos pone en evidencia el «troceado» de adjudicaciones, para evitar la supervisión del Tribunal de Cuentas.
Algunas administraciones, sin embargo, lo usan con mayor asiduidad. Es el caso del ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, que ha utilizado este recurso más de 420 ocasiones. Esto supone, en comparación con las 120 adjudicaciones fiscalizadas a través de concurso público, que el 77% de contratos del ministerio de Montero eluden la rendición de cuentas.
