La aerolínea Plus Ultra atraviesa una situación financiera crítica que amenaza con desembocar en su quiebra y la cancelación de todos sus vuelos. La compañía hispanovenezolana, rescatada en 2021 con 53 millones de euros de dinero público, ha suspendido la venta de billetes en la mayoría de sus rutas, prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a toda su plantilla y se enfrenta a un futuro incierto que pone en riesgo los viajes de cientos o miles de pasajeros.

Según fuentes consultadas por The Objective, la empresa ha dejado de comercializar billetes para buena parte de sus destinos y ha paralizado sus operaciones regulares, incluida su principal conexión, la ruta entre Madrid y Caracas. Por el momento, únicamente mantiene el negocio de alquiler de aviones con tripulación para vuelos chárter.

La compañía atribuye oficialmente sus dificultades al encarecimiento del combustible, aunque su situación financiera arrastra problemas anteriores. Las rebajas de precios aplicadas en los últimos meses para captar liquidez tampoco habrían conseguido revertir el deterioro de sus cuentas.

El escenario recuerda al de Air Madrid, que en 2006 suspendió sus operaciones y dejó en tierra a unos 300.000 pasajeros, muchos de los cuales tuvieron que buscar alternativas para viajar y reclamar posteriormente el importe de sus billetes.

En el caso de Plus Ultra, la incertidumbre se extiende también a sus trabajadores. La aerolínea ya ha remitido al comité de empresa el preaviso para iniciar la negociación de un expediente de regulación de empleo masivo que podría alcanzar a sus 679 empleados.

Entre las medidas planteadas figuran la reducción de la flota, actualmente integrada por siete Airbus A330, la cancelación de rutas y la amortización definitiva de puestos de trabajo en los distintos colectivos profesionales. La compañía contempla también alternativas como un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Un portavoz de Plus Ultra ha asegurado que la empresa atenderá las devoluciones correspondientes a los pasajeros afectados por la suspensión de los vuelos que finalmente sean cancelados.

La crisis se produce mientras la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) busca una salida que permita recuperar los 53 millones de euros concedidos en el rescate. Fuentes próximas al organismo público consideran que una venta a un tercero constituye la principal alternativa para evitar la pérdida del dinero público.

Sin embargo, las conversaciones con posibles compradores, entre ellos Iberojet, no han terminado de concretarse. La compañía podría presentar un preconcurso de acreedores si no consigue una solución a corto plazo.

El caso adquiere además una dimensión política y judicial por la investigación sobre el rescate concedido en 2021. La Audiencia Nacional investiga las irregularidades y posibles comisiones vinculadas a la operación, en la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.