Los directivos de Plus Ultra continúan aportando información a la Justicia en la investigación sobre las operaciones financieras que permitieron a la aerolínea acceder al rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El exconsejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, ha presentado un nuevo escrito ante la Audiencia Nacional en el que solicita ampliar la documentación procedente de Suiza y esclarecer la autenticidad de varios contratos utilizados para justificar la financiación de la empresa.
La petición afecta a cuatro sociedades que participaron en distintas operaciones de préstamo durante los años 2020 y 2021: Wailea Invest, Allpa Wira Trading, Valerian Corporation y Panacorp Casa de Valores. Roselli reclama que las autoridades suizas faciliten información actualizada sobre los créditos concedidos por estas entidades, cuyas operaciones resultan relevantes para reconstruir la situación económica que presentaba Plus Ultra cuando solicitó las ayudas estatales.
Según informa Artículo 14, el antiguo máximo ejecutivo ha puesto en cuestión la veracidad de determinados documentos incorporados al procedimiento. Entre ellos figura un supuesto contrato fechado el 15 de noviembre de 2020 por el que Wailea Investment Limited habría adquirido bonos emitidos por la aerolínea por un importe de 500.000 dólares.
Roselli sostiene que aquel documento no reflejaba la verdadera identidad de la sociedad que había facilitado los fondos. En su versión, el préstamo procedía de Valerian Corporation, mientras que la aparición de Wailea en el contrato respondería a una alteración posterior destinada a ocultar el origen real de la financiación.
Las sospechas del empresario apuntan a Rodolfo Reyes, antiguo presidente de Plus Ultra, sobre quien, según la información publicada, pesa una orden internacional de búsqueda. Como parte de sus explicaciones, Roselli ha hecho referencia a una conversación de WhatsApp en la que Reyes le habría reconocido su vinculación con la sociedad prestamista mediante una expresión especialmente reveladora: «Yo soy Valerian».
El exconsejero delegado considera que el contrato remitido desde Suiza pudo elaborarse utilizando otro documento original, sustituyendo posteriormente elementos esenciales como la fecha, la sociedad interviniente y la firma atribuida a Julio Martínez. De confirmarse esta versión, la documentación financiera de la aerolínea incluiría operaciones cuya verdadera naturaleza habría quedado desdibujada.
La investigación también alcanza al papel desempeñado por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en las gestiones relacionadas con el rescate. Durante su declaración judicial de septiembre, Roselli reconoció, según la información publicada, que se realizaron pagos al antiguo jefe del Ejecutivo a través de Análisis Relevante para facilitar la obtención de la ayuda estatal.
La atención de los investigadores se concentra igualmente en Simone Leendert Verhoeven, empresario relacionado con Wailea y señalado en las pesquisas suizas por posibles operaciones de blanqueo. La sociedad desarrolla actividades vinculadas a la compraventa de vinos, obras de arte y relojes de lujo, un sector cuyas transacciones han despertado sospechas entre las autoridades helvéticas.
Los investigadores suizos observaron, entre otras circunstancias, un volumen de adquisiciones de relojes superior al de ventas y operaciones con clientes relacionados con empresarios venezolanos. Estas prácticas llevaron a examinar si determinados artículos de lujo podían utilizarse para introducir fondos de procedencia ilícita en circuitos comerciales aparentemente legales.
La Fiscalía Anticorrupción también estaría examinando, según las informaciones publicadas, la posible relación de Verhoeven con unas joyas intervenidas en dependencias vinculadas a Zapatero. Se trata de una línea de investigación que todavía no permite establecer de forma concluyente ni el origen de esos objetos ni la existencia de una operación delictiva.
El nuevo movimiento de Roselli busca, por tanto, que la Audiencia Nacional reclame documentación adicional para reconstruir los préstamos recibidos por Plus Ultra antes de obtener el respaldo financiero del Estado. La autenticidad de los contratos, la identidad de quienes aportaron realmente el dinero y el alcance de las gestiones atribuidas a Zapatero se mantienen entre las principales cuestiones pendientes de esclarecimiento judicial.
