
PSOE, PNV y Podemos vuelven a cargar contra la libertad económica en el País Vasco. Y es que el acuerdo alcanzado entre las tres formaciones a nivel regional permitirá desbloquear la aprobación definitiva del impuesto sobre estancias turísticas que entrará en vigor el próximo 1 de enero en la Comunidad Autónoma Vasca. La coalición de gobierno necesitaba el respaldo de la formación morada en las Juntas Generales de Álava y Guipúzcoa, donde no dispone de mayoría suficiente, y ha aceptado incorporar siete enmiendas al proyecto de norma foral presentado el pasado febrero por las diputaciones forales.
Las modificaciones pactadas también serán aplicadas en Vizcaya, donde separatistas y socialistas sí cuentan con apoyos suficientes para sacar adelante el texto, con el objetivo de «armonizar» el tributo en el conjunto del País Vasco, siguiendo el esquema utilizado recientemente en la reforma fiscal autonómica.
Entre los principales cambios figura una actualización general de las tarifas, con incrementos especialmente significativos para las viviendas turísticas y los cruceros. Según el nuevo redactado, las viviendas vacacionales pasarán a tributar entre 4,50 y 6,50 euros por noche, frente a la horquilla inicial de entre 2 y 4 euros. Los cruceros, por su parte, podrán afrontar una cuota máxima de siete euros por estancia.
Podemos ha defendido que ambas actividades generan una «mayor presión sobre el territorio«, los servicios públicos y el acceso a la vivienda, por lo que considera necesario elevar su aportación económica. La formación sostiene además que el nuevo diseño dota a los ayuntamientos de mayor capacidad para adaptar el impuesto a las características de cada municipio.
El acuerdo amplía también el número de localidades autorizadas a aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota turística. Hasta ahora, esa posibilidad quedaba reservada a municipios con más de 750 plazas hoteleras. Con la modificación pactada, podrán sumarse también aquellos municipios de más de 5.000 habitantes cuya intensidad turística sea igual o superior al 10%.
En paralelo, se flexibilizan las condiciones para aplicar bonificaciones de hasta el 100% del impuesto. Además de los municipios con 25 o menos plazas, podrán acogerse a esta medida aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas disponibles.
Otra de las novedades incorporadas eleva de cinco a seis el máximo de noches sujetas al gravamen.